El Tribunal Oral Federal definirá sobre el futuro del ex intendente de Antofagasta de la Sierra Carlos Fabián (FJV) y el de su ex secretaria de Hacienda Cintia Romero, que enfrentan la acusación de fraude contra la Administración Pública Nacional por las supuestas irregularidades cometidas en torno a la construcción de un Centro de Integración Comunitaria en la localidad de El Peñón. En los alegatos, el fiscal Rafael Vehils pidió que se condene a Fabián a tres años de prisión en suspenso más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; y que se condene a Romero a un año y seis meses de prisión más la inhabilitación perpetua. Para la defensa de los imputados, corresponde la absolución de ambos porque la obra existe.
La segunda jornada del debate en el TOF contó con la declaración del arquitecto Daniel Martínez, responsable del proyecto que finalmente se construyó. Martínez relató que fue convocado en 2009 para realizar una readecuación del proyecto del CIC, ya que por la inflación los $800.000 no iban a alcanzar para construir lo proyectado inicialmente. Según relató, en el lugar no se podía avanzar con una construcción tradicional, por lo que optaron por algo más autóctono.
En este sentido, comentó que las autoridades municipales estaban al tanto de la readecuación y que ellos debían hacer los trámites con Nación para que ésta fuera autorizada. Reconoció que a diferencia del proyecto inicial, el Salón de Usos Múltiples quedó "fuera" y que cuando comenzaron los trabajos se aprovecharon los cimientos ya construidos. Además, comentó que si bien no había firmado ningún contrato con la Municipalidad, por sus servicios había cobrado recién en 2012 unos $80.000 en una cuota de $40.000 y cuatro de $10.000; y aseguró que él no estuvo al frente de la construcción.
En base a este testimonio, la defensa insistió en el sobreseimiento de ambos acusados al señalar que la obra existe y se construyó. "No hay fraude a la Administración, porque no existe un dolo directo, no hay un perjuicio patrimonial. No existe delito por haber demorado la obra, ni por haberla readecuado", señaló Gustavo Martínez Azar, defensor de Fabián, quien además hizo alusión a que se trata de una denuncia política, y que el ex senador Luis Rodríguez la inició en función de su derrota electoral contra Fabián en 2007.
Antes había expuesto el fiscal Vehils Ruiz, que había señalado que existió una clara defraudación al Estado nacional. "Está comprobado que antes del 30 de noviembre de 2010 se había depositado el 100% de los fondos, unos $828.000 para la construcción de un CIC por el que se firmó un convenio en 2007, y aunque se readecuó el proyecto en 2009, en diciembre de 2010 el saldo de la cuenta bancaria de estos fondos específicos era de $7.000. Es decir, no estaba hecha la obra y no estaban los recursos. El arquitecto reconoció que se le pagó en 2012 y que allí se inició la obra de lo que existe actualmente. Ese mismo año esta causa había sido elevada a juicio. Se intentó zafar de la responsabilidad construyendo algo mucho más chico mientras la causa ya estaba camino al juicio", explicó.
Por otra parte, eligió cambiar la imputación porque consideró que no existió una malversación sino más bien un fraude. "No hay pruebas de que ese dinero se haya usado para otra cosa, hubo una sustracción de los fondos", argumentó. Por último, el defensor oficial Hugo Visozo también solicitó la absolución de Cintia Romero, al considerar que no existió ni se comprobó un ardid en su accionar que pudiera perjudicar al municipio. "No existió una asociación mafiosa. Mi defendida trabajó para 32 municipios sin cuestionamiento alguno, este proceso resulta agraviante para ella, y en su testimonio quedó claro", dijo.
Última palabra
Hoy se escuchará a los imputados por última vez antes de la sentencia. Hasta el momento Carlos Fabián se mantuvo en silencio: se abstuvo de declarar en dos ocasiones en este proceso.
