La Justicia concedió la excarcelación al ex vicepresidente Amado Boudou, preso en el penal de Ezeiza tras haber sido condenado por el caso Ciccone Calcográfica a cinco años y diez meses de prisión. Por el voto de las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti, el ex titular del Senado recuperará la libertad, con caución real de un millón de pesos y obligatoriedad de uso de pulsera electrónica.
La excarcelación de Boudou se produjo luego de que el juez federal Ariel Lijo procesara al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por haber levantado la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica que el ex vicepresidente Boudou adquirió de forma ilegal, por lo que se considera que la investigación se encuentra cerrada y no puede ser obstaculizada.
El pasado 7 de agosto, los jueces habían encontrado a Boudou "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" y lo condenaron a prisión, más una multa de 90.000 pesos e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por la compra de Ciccone Calcográfica.
La prisión se hizo efectiva de manera inmediata con su traslado al penal de Ezeiza junto a su amigo y socio, José María Núñez Carmona, quien fue condenado a cinco años y medio de prisión y el empresario Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa y condenado a cuatro años y medio a cumplir de manera domiciliaria. Si bien el fallo se encuentra a revisión de la Cámara Federal de Casación Penal, el Tribunal había impuesto la prisión preventiva pese a que la condena no estaba firme al considerar que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación en curso.
Aquel fallo había sido votado por los jueces Pablo Bertuzzi (hoy integrante de la Cámara Federal) y Guillermo Costabel con la disidencia de Gabriela López Iñíguez. Con el cambio de composición del Tribunal, la libertad de Boudou fue ahora concedida por López Iñiguez y Palliotti con disidencia de Costabel.
Las juezas recordaron que el hecho que esté condenado no es fundamento suficiente para mantener la prisión preventiva "mientras se resuelven los recursos contra la condena" y que los únicos requisitos sobre si alguien debe o no estar con preventiva es "cuando concurran circunstancias objetivas que permitan evaluar que el imputado entorpecerá la investigación o evadirá la justicia mediante la fuga".
"No sería descabellado mencionar que el nombrado pertenece a un sector político que es opositor a quien hoy detenta el poder de policía del Estado, con lo cual debería lógicamente debilitarse la probabilidad de éxito ante un intento de salida ilegal del país", argumentaron las juezas. Además, remarcaron que Boudou no "tiene vínculo con el gobierno actual, como para tener por existente la influencia referida anteriormente". Además, recordaron que Boudou es "una figura de gran notoriedad pública, lo que disminuye su posibilidad de evadir el accionar de la justicia". Pero además, consideraron que si esos argumentos no son suficientes, "existen medios de restricción menos lesivos que correspondería adoptar".
Por último, advirtieron que "debe evitarse el uso abusivo de la prisión preventiva, no solo porque no se condice con nuestro sistema constitucional y procesal penal sino porque cuando un examen riguroso de las circunstancias objetivas del caso no permiten sostener fundadamente que el juzgador se encuentra frente a un sujeto que emprenderá la fuga, ello genera el riesgo de que su imposición se base en aparentes".
Para Garavano, el fallo es un retroceso
El ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionó la excarcelación del ex vicepresidente Boudou, a la que calificó como un "retroceso", y señaló que "hay todavía muchos jueces con una mirada abolicionista del Derecho Penal".
"Es una posición que personalmente no comparto. En su momento, ya cuando fue la condena, de algún modo me pareció bien la decisión del Tribunal de hacer efectiva la detención. Cuando las penas son a cumplir, cuando uno es condenado pierde la inocencia. Así está previsto en el nuevo código procesal penal que se logró la aprobación la semana pasada en Diputados", señaló Garavano en declaraciones a radio La Red, y agregó: "Lamentablemente esto es un retroceso, pero es una decisión de la Justicia que el Gobierno respeta".
En este sentido, el ministro remarcó que está "trabajando incansablemente" a través del programa "Justicia 2020" y que la intención del Gobierno es lograr que en marzo próximo "avance el Código Penal que tiene también otros estándares". "Lamentablemente esto es una transición. Hay todavía muchos jueces con una mirada abolicionista del derecho penal, cercana a la mirada de (el juez Eugenio) Zaffaroni, que siguen generando estas inequidades", apuntó.
