Finalmente y tras una avalancha de impugnaciones el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizará la entrega del barrio 30 viviendas para el departamento Fray Mamerto Esquiú, hoy a las 09.30.
sábado 10 de octubre de 2026
Finalmente y tras una avalancha de impugnaciones el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizará la entrega del barrio 30 viviendas para el departamento Fray Mamerto Esquiú, hoy a las 09.30.
La adjudicación de las viviendas, estuvo opacada por las denuncias de “favores políticos” contra el titular del organismo provincial, Dante López Rodríguez y el intendente de ese departamento, Guillermo Ferreyra.
En tiempo record el IPV tuvo que revisar el listado de preadjudicatarios para poder cumplir con la entrega que estaba prevista desde hace tiempo para hoy.
Varias familias se apostaron durante una semana para reclamar “transparencia” en la entrega de las viviendas sociales, luego de que aseguraran que en el primer listado de preadjudicatarios estaba integrado por personas sin antigüedad, con propiedad y otras relacionadas con la política.
Las denuncias abundaron y en algunos casos un solo beneficiario llegó a tener una docena de impugnaciones.
Las familias protestantes, muchas de las cuales llevan 18 años de espera, lograron hacerle torcer el brazo al organismo oficial, que tuvo que mandar en tres días a realizar nuevamente visitas sociales, donde según se conoció se comprobaron algunas de las irregularidades denunciadas.
Contrarreloj el IPV trabajó durante el fin de semana para notificar a los beneficiarios de la entrega de hoy e incluso algunas familias recién ayer recibieron la noticia de que habían quedado como adjudicatarios en el listado definitivo.
Polémica
Las denuncias llevaron a un clima de tensión tanto entre beneficiarios y denunciantes, que se agolparon en el CAPE toda la semana para conocer más detalles de la polémica entrega.
Pese a que la adjudicación podría haber sido una verdadera fiesta, las denuncias de acomodos opacaron la felicidad de la casa propia.
Los denunciantes habían adelantado que impedirían la entrega, si es que el IPV no revisaba la adjudicación de las viviendas, y es que muchas de ellas esperaban desde hace 12, 14 y 18 años ser beneficiarios, pero según denunciaron “fueron quitados de la nómina”.
Uno de los casos más polémicos fue el de el hijo de una concejal de ese departamento, que ya era propietario de una vivienda. La defensa pública de la edil Susana Acosta sobre las denuncias de acomodo político, terminaron reconociendo no solo que en la familia beneficiada uno de los integrantes tenía propiedad, sino que además admitió haber facilitado una reunión con el intendente para plantear el pedido.
Pero lo que más generó polémica fueron la acusaciones de la concejal que denunció “terrorismo mediático” contra su persona.
