En la última sesión de la Cámara de Diputados tomó estado parlamentario un proyecto presentado por la diputada Adriana Díaz (FJV) que busca regular el accionar de las agencias de cobranza extrajudicial y de recuperación crediticia. El objetivo es "establecer un marco legal que determine los parámetros sobre los cuales deben desempeñarse estas organizaciones, en el contexto de un proceso de reclamo de una presunta deuda, ya sea en virtud de una relación de consumo o una relación comercial".
"Actualmente existe una problemática y es necesario que se respete el derecho a la privacidad de los ciudadanos. No existe ninguna ley específica en nuestra provincia que proteja la intimidad de los deudores frente al abuso que cometen los estudios de cobranza", explicó la diputada, quien remarcó que la intención "no es que los deudores no paguen sus cuentas". "Si contrajeron una obligación deben cumplirla o deberán asumir las consecuencias legales, pero lo que se plantea es cómo llevar adelante el cobro de una deuda, bajo qué condiciones, y cuáles son las conductas que tornan abusivo el derecho al cobro", sostuvo.
En ese sentido, señaló que los estudios de cobranza usan métodos "mucho más avanzados de cobranza". "Hay call centers con llamadores programados para llamar al deudor como mínimo cinco veces por día al domicilio o lugar de trabajo y en horarios por demás inconvenientes, al igual que las intimaciones que simulan ser emplazamientos judiciales, lo cual resulta ser un ejercicio abusivo, por lo que dichos actos revisten el carácter de ilegales y arbitrarios", fundamentó, y agregó que su proyecto además se basa en el derecho a la privacidad.
Por último, recordó que la Constitución Nacional en su artículo Nº42 establece que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control".
