El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) comenzó a recibir las impugnaciones a varios preadjudicatarios de las 30 viviendas próximas a entregar en la localidad de La Tercena, en Fray Mamerto Esquiú, tras el escándalo generado por las denuncias por supuestos favores políticos.
Las impugnaciones fueron inmediatas tras la difusión pública de la nómina de preadjudicatarios, tal como establece la normativa vigente para la entrega de viviendas sociales.
La polémica se instaló en ese departamento cuando se comprobó que el listado estaba integrado por varias personas con propiedades; sin antigüedad o con antigüedad menor a 5 años y hasta el hijo de una concejal que cuenta con una vivienda de su propiedad, mientras que en el camino quedaron familias que desde hace 12 años esperan por una vivienda.
A través de las redes sociales, la polémica se instaló y llovieron las críticas a las autoridades municipales y del propio IPV, aduciendo que hubo “favores políticos”.
Como establece el procedimiento, el Instituto tiene cinco días hábiles a partir de la publicación para recibir las objeciones a los preadjudicatarios y lógicamente este proceso se cumple con la presentación de documentación que avale la irregularidad cometida. El plazo es hasta el miércoles.
El escándalo tomó más temperatura cuando la concejal salió a negar que su hijo fuera beneficiario y argumentó que se trataba de un “error”, ya que era simplemente garante, aunque admitió que es pareja de la joven preadjudicataria de la vivienda.
Lo más llamativo fue que, según la documentación que habría proporcionado el IPV, el garante en cuestión figura en el expediente como pareja en unión de hecho con la beneficiaria titular.
La concejal admitió públicamente que solo colaboró en que la joven beneficiaria se reuniera con el intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, para pedir su colaboración, y hasta reconoció que su hijo, garante y pareja de la beneficiaria, y cónyuge para el IPV, también cuenta con una propiedad.
Los reclamos públicos llegaron hasta el IPV, que ahora deberá resolver la situación de cada uno de los preadjudicatarios cuestionados. De comprobarse las irregularidades, no sería la primera vez que los favores políticos intervienen en la adjudicación de las viviendas sociales.