Un profundo malestar generó la publicación del listado de preadjudicatarios de las viviendas sociales en Fray Mamerto Esquiú, donde varios aspirantes al beneficio habitacional cuestionaron que se priorizó a personas con poca antigüedad, con propiedad y hasta al hijo de una concejal de ese departamento.
El criterio para la adjudicación de viviendas que realiza el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) volvió a estar en el ojo de la tormenta, luego de que se diera a conocer la nómina de preadjudicatarios de la próxima entrega que realizará el Gobierno provincial, esta vez en la localidad de La Tercena, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.
Es que según indicaron, la selección de los posibles beneficiarios dejó de lado a varios inscriptos con mucha antigüedad, importante carga familiar, por ejemplo madres de siete hijos, y también a personas que alquilan para ubicar a la cabeza de la nómina a beneficiarios con relación política y poseedores de viviendas.
Pese a que el titular del IPV, Dante López Rodríguez, señaló que el sistema para la preadjudicación y adjudicación de viviendas se aceitó durante su gestión, la polémica se instaló en el departamento cuando se dieron a conocer públicamente los beneficiarios, de los cuales, aseguran, no en todos los casos cumplen con los requisitos que demanda el beneficio.
Las criticas en el departamento llovieron a través de las redes sociales y por los medios de comunicación, con duros cuestionamientos a la forma en que se realizó el listado y que cuenta con llamativas situaciones.
Uno de los casos más llamativos y que causó un revuelo en el departamento fue la preadjudicación de una vivienda al hijo de una concejal, de quien cuestionaron no solo un vínculo político sino que además es propietario de una vivienda ubicada en el mismo departamento.
Ante las críticas, la edil salió a defender la situación y aseguró que su hijo no era el beneficiario sino el garante y que “la titular es su pareja”.
También acusó que vive “un terrorismo mediático” contra su persona, aunque aclaró: “Tengo lomo para soportar lo que venga”, mientras que admitió en radio Valle Viejo que el único favor que hizo fue el “de hacer que la chica (por la beneficiaria) hablara con el intendente”.
Visiblemente molesta, la concejal reconoció que su hijo, el garante y pareja de la beneficiaria, posee una propiedad.
A la lista de críticas se reprochó que se encuentran funcionarios públicos y personas que cuentan con viviendas particulares.
Este último planteo pone en duda la actualización real de la situación de propiedad de los inscriptos, pese a que, según López Rodríguez, es requisito fundamental, o bien se incurrió en falsificación de la información proporcionada.
La situación llama más que la atención, ya que el organismo de asistencia habitacional pública no estaría evaluando con la misma vara a los beneficiarios.
Basta con recordar las viviendas expropiadas por el IPV a sus legítimos propietarios en Valle Chico, aduciendo la inhabitabilidad, cuando en realidad despojó de su hogar a familias trabajadoras.
Reclamo social
Las redes sociales y la radio fueron los vehículos donde la gente canalizó su malestar y cuestionó en la mayor parte de los casos la antigüedad que data desde la fecha de inscripción, sin que aún hayan podido acceder al beneficio, apuntando las críticas tanto al municipio de Fray Mamerto Esquiú como al titular del organismo provincial.
Desde el IPV se informó que a partir de la publicación de la nómina de preadjudicatarios se otorga un plazo de 5 días hábiles para la realización de la impugnación, con la presentación de pruebas que avalen la irregularidad en alguno de los beneficiarios.
Con la entrega prevista en ese departamento, el Gobierno provincial volverá a adjudicar viviendas luego de mucho tiempo en el Valle Central, pues las últimas fueron entregadas en el interior de la provincia.n
