Luego del frustrado intento del año pasado, el Gobierno puso en marcha un nuevo plan para depurar el padrón de beneficiarios de pensiones que otorga el Estado por invalidez laboral. La gestión de Cambiemos volvió a la carga luego de revisar las importantes cifras: en 2006, el número de personas que recibían este beneficio ascendía a 170.000; cuando Cristina Kirchner finalizó su mandato, el padrón ascendía a 1.034.743 beneficiarios. Una suba del 508% en nueve años.
Durante los dos primeros años de gobierno de Mauricio Macri, la cantidad de beneficiarios aumentó levemente y alcanzó en 2017 a 1.048.000 personas. El boom de pensionados por invalidez le costará al Estado $114.000 millones el año próximo. En el Gobierno, están convencidos que recibieron una nómina inflada a fuerza de clientelismo político durante el kirchnerismo. En ese sentido, en el Ministerio de Desarrollo Social, instrumentó en 2017 un drástico plan de recorte y redujo en 71.700 el número de beneficiarios, entre suspensiones y bajas. La medida, fue catalogada como inconsulta y sorpresiva, y desató una ola de pedidos de amparo ante la Justicia.
El Gobierno debió dar marcha atrás, despidió al funcionario responsable y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, a la cual se le trasladó la responsabilidad del pago de las pensiones por invalidez laboral. Hace dos meses su titular, Santiago Ibarzábal, instrumentó un nuevo plan para depurar la nómina de beneficiarios: el objetivo es detectar posibles incompatibilidades en el otorgamiento de la pensión, como así también eventuales irregularidades y situaciones de fraude.
Desde entonces ya se enviaron 9000 cartas documento; las personas intimadas son citadas a la Anses para que puedan ejercer su descargo y presentar las pruebas que, a su juicio, ameritan el cobro. Hasta ahora, 954 personas presentaron su descargo y se produjeron 403 renuncias.
En la Agencia de Discapacidad no hay una estimación de la cantidad de incompatibilidades que se podrían detectar, aunque afirman que saltan a la vista situaciones anómalas que se deben corregir.
El nuevo plan
Según explicaron en la Agencia Nacional de Discapacidad, la pensión no contributiva por invalidez solo puede ser asignada a aquellas personas que, por sus condiciones psicofísicas, se encuentran invalidadas para realizar cualquier actividad laboral. Para ello, el eventual beneficiario debe acreditar que posee una incapacidad laboral del 76%, que no recibe otro tipo de asignación estatal ni percibe otro tipo de ingresos, ni propios, ni de su grupo familiar.
