La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública profundiza la investigación en la contratación de maquinaria que realizó Vialidad Provincial a la empresa Vial Nort, de Ariel Cristóbal Barceló, en el marco de un convenio de cooperación con Vialidad Nacional para la realización de un tramo en la ruta nacional Nº 40. La justicia puso bajo la lupa una contratación directa por más de $ 16 millones, obviando el llamado a licitación pública. Según el funcionario provincial, Hugo Naranjo, Vialidad Provincial se convierte en " empresa contratista" y tiene facultad para subcontratar a otra empresa porque actúa como si fuera una empresa privada.
Controversia por el alquiler de maquinaria para una obra en la ruta nacional 40
Como se informó, Fiscalía ya había secuestrado los expedientes relacionados con una contratación que Vialidad Provincial realizó a la empresa Vial Nort .
A fines de 2016 se había firmado un convenio de colaboración entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial para realizar un tramo de la ruta nacional Nº 40 en el tramo de Las Mojarras- Quilmes (Catamarca- Tucumán). Vialidad Nacional firma el convenio con VP por unos $ 45 millones.
Vialidad Provincial firmó el convenio de colaboración con Vialidad Nacional, pero a los pocos días contrata a la empresa Vial Nort por $ 16.000.000, a través de una contratación directa, por maquinaria que necesitaba para completar 20 km de pavimentación.
El trámite para contratar a Barceló se completó en cinco días hábiles y con una estrategia exprés. Se presentaron tres empresas: Vial Nort, Víctor Nuñez y Mogetta y el organismo optó por la primera
Por el monto a contratar ($ 16 millones), el trámite debería haberse realizado a través de una licitación pública o un concurso de precio por excepción, que obligaba al control del Tribunal de Cuentas, pero el organismo optó por una modalidad "sui generis" y recurrió a una ley que tiene Vialidad y que les permite realizar contrataciones directas para la adquisición de bienes muebles . Sin embargo, esa normativa es de aplicación subsidiaria; es decir que lo primero es cumplir con la ley de administración financiera del Estado.
En este caso, Vialidad Provincial aparece comprometida porque no se respetó el límite que tiene el Estado para realizar contrataciones directas y porque recurrió a una dudosa estrategia para fundamentar una contratación superior.
Naranjo, en declaraciones a Radio Ancasti, consideró que no existe irregularidad en el trámite.
"La ruta 40 está concluida, terminada y falta pagar dinero por parte de Nación. Nosotros hemos contratado como empresa, pasamos a construir como empresa. Como empresa, podemos contratar en forma directa para hacer en forma conjunta la obra. Como no teníamos la cantidad de maquinaria disponible y había que afectar una buena cantidad de maquinaria, se contrató una empresa para que alquile y trabaje en la zona. Estamos dentro de toda la legalidad porque pasamos a ser una empresa contratista", fundamentó Naranjo.
"En la situación que estábamos hay que cumplir con plazos. Cuando firmamos el contrato pasamos a ser contratista , como una empresa privada. Se hizo una presentación de varias empresas y se tomó la más barata , se habló con varias empresas y se firmó con Vial Nort, una empresa catamarqueña", manifestó.
Naranjo admitió la contratación directa, pero aseguró que están dentro de la ley.
En el marco de la investigación, la Fiscalía pidió informes a Vialidad Nacional, que en un corto plazo realizó aportes como el convenio firmado y las certificaciones pagadas.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la investigación de otras situaciones supuestamente irregulares como la adulteración de títulos de maquinarias y la superposición horaria en las máquinas que se contrataban, entre otras.n
El convenio con Vialidad Nacional
Vialidad Nacional decide sellar un convenio con Vialidad Provincial para realizar ese tramo de la ruta nacional Nº 40 luego de pasar dos experiencias traumáticas con empresas por las que se había demorado la ejecución de esa obra por varios años.
En una primera instancia la obra estaba a cargo de IACSA S.A, una empresa de Luis Agost Carreño, quien se desempeña ahora como secretario de Coordinación e Integración Regional de La Rioja.
IACSA comienza la obra, realiza un tramo, pero luego comienza a incumplir y se rescinde el contrato.
Se busca una salida para evitar una nueva licitación y se cede la obra a una empresa de Formosa. Esta empresa no avanza demasiado y comienza una disputa por la redeterminación de precios. En 2016, Vialidad Nacional, en la gestión de Marcelo Patria pide la rescisión del contrato.
En ese contexto, tras varios años de demora, VN autoriza la firma del convenio de cooperación con Vialidad Provincial.