Los integrantes de la Cámara de Apelaciones, por unanimidad, consideraron que las maniobras que se realizaron en la causa conocida como las “órdenes truchas” de OSEP generaron daño al Estado provincial. Ese fue el principal argumento que los magistrados tuvieron en cuenta al rechazar el pedido de sobreseimiento del médico Carlos Vega Ramírez, imputado en esa causa junto a una decena de profesionales.
Vilma Alcázar, abogada que defiende al médico, había solicitado la absolución de su cliente al señalar que se trataba de una “nimiedad” ya que fueron pocas las “órdenes truchas” que se pagaron al profesional. El fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Marcelo Sago, defendió la acusación y cuestionó la aplicación del principio de insignificancia por parte del juez de Control de Garantías, José Carma cuando concedió el sobreseimiento.
En los fundamentos de la sentencia, el juez Raúl Da Prá expresó: “No aparece procedente en el caso la aplicación de la insignificancia, por la envergadura de los hechos -amén que sean solo tres- consistentes en el libramiento de más de veinte órdenes que fueron cobradas y acreditadas en la cuenta bancaria del imputado, despliegue al por otra parte -según manifestaciones del apelante- podrían sumarse nuevas evidencias surgidas de la pesquisa”.
Da Prá cuestionó también que el juez de Control de Garantías no convocó a las víctimas de estos hechos, tal el caso de los representantes de la OSEP o de Fiscalía de Estado para una audiencia.
A su turno, el juez Juan Pablo Morales hizo referencia a la acusación del fiscal Sago en la que relata los tres hechos en los que está imputado Vega Ramírez, ocurridos en los años 2013-2014. De allí surge que, conforme a la hipótesis de la Fiscalía, también estarían implicados empleados del Círculo Médico, institución que inició la denuncia por la maniobra y empleados de la OSEP.
“Un número no determinado de empleados, del Circulo Médico, aun no individualizados por la investigación, prestaron al médico Vega Ramírez una colaboración, previamente establecida con dicho profesional, y sin la cual el ardid pergeñado no podría haberse cometido, consistente en la carga manual de las órdenes presentadas al ser rechazadas por el lector óptico, omitiendo informar a las autoridades del Círculo Médico dicho rechazo”, indica la acusación. También se refiere a la supuesta complicidad de empleados de OSEP que colaboraron necesariamente con el mismo al cargar en el sistema informatizado de la obra social las órdenes médicas remitidas por el Círculo Médico “omitiendo informar las anormalidades que en dichas órdenes a simple vista se percibían”.
“No podemos dar el significado de un hecho “nimio” a tres sucesos disvaliosos contra la Administración Pública en una investigación correctamente encaminada por el fiscal, quien en la acusación reprocha al imputado haber tenido en su poder 50 órdenes médicas que contenían datos irregulares, que “a posteriori” fueron presentadas ante las autoridades del Círculo Médico y luego abonadas en una cuenta personal por la Obra Social del Estado”, señala Morales.
“Se advierte que efectivamente se generó un daño a la Hacienda Pública, desplegando un ardid descrito en el señalamiento fiscal, que a mi entender lejos está de configurar un hecho “nimio” que permita introducir un principio de oportunidad”, dijo Morales.
El juez Rodolfo Bustamante adhirió a los fundamentos de sus pares.
La causa
En junio de 2014, los investigadores de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales decidieron imputar formalmente por el delito de fraude en perjuicio a la administración pública en concurso ideal, con uso de instrumento privado adulterado, a un grupo de 14 médicos que están dentro de la nómina de prestadores de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), por haberle facturado a la obra social órdenes supuestamente "truchas” con las que pretendían cobrar honorarios.
En ese momento los fiscales Marcelo Sago y Miguel Mauvecín pudieron establecer un total aproximado de 50 hechos fraudulentos que puede imputarse al grupo de médicos.
En cada caso en particular se los acusa de haber fraguado o adulterado entre 3 y 5 órdenes de consulta médica de la obra social, por atenciones a afiliados de OSEP que no habrían realizado y por las cuales pretendían cobrar.
Para llegar a comprobar esta circunstancia, los investigadores revisaron las órdenes médicas "físicas” (los comprobantes) de todo un año de la OSEP y también se tomaron testimonios a gran cantidad de afiliados.
Según trascendió, la causa estaría lista para elevarse a juicio en los próximos días. Dependerá de que no se presente un nuevo recurso legal que pudiera demorar el proceso.
