El Gobierno nacional ratificó una polémica medida que permitirá que las empresas que ante el juez federal Claudio Bonadío admitieron que pagaron coimas sigan realizando obras públicas.
Permitirán que las empresas “arrepentidas” sigan con obras
"Todas las empresas que quieran participar de la obra pública van a tener que pasar por este tamiz de control", señaló el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, tras confirmar que las compañías tendrán que pagar un resarcimiento por los daños al erario público y suscribir "códigos de buena conducta" y "programas de integridad", lo que garantizará que puedan seguir trabajando en obras que ejecute el Gobierno nacional.
Además, Saravia Frías anunció que "por pedido del presidente Mauricio Macri" el Gobierno "va a exigir que den un paso al costado aquellos accionistas estratégicos que están involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas".
"No se puede confundir a las personas jurídicas con las físicas, que son sus accionistas o directores. Estamos hablando de empresas que tienen miles de trabajadores, que tienen el conocimiento para hacer toda la obra pública en el país. El bien común está por encima de todo", subrayó el procurador del Tesoro, durante una charla que ofreció en la sede del Rotary Club.
Según publicó el diario La Nación, el funcionario explicó que "el Estado, a través de la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, la Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, hará un seguimiento para que las empresas cumplan con los lineamientos éticos a lo largo de toda la obra".
Con esta medida, Macri busca que no se frenen las iniciativas de Participación Público Privada (PPP), que son por el momento la expectativa del gobierno para dar continuidad a la obra pública.
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, se mostró de acuerdo con el proyecto. El empresario sostuvo que "todos los países que han tenido procesos como el de los cuadernos" actuaron de esta forma para "diferenciar problemas de directivos con problemas de las compañías". "El presupuesto en obra pública para el año que viene sería la mitad de lo que fue para este 2018", admitió Weiss. "El Gobierno asumió anunciando el plan de infraestructura más grande de la historia y es consciente de que no puede llevarlo adelante", agregó en relación con la intervención del sector privado a través de las iniciativas PPP.
López ratificó su versión
El ex secretario de Obras Públicas José López reiteró que el 16 de junio de 2016 llevó 9 millones de dólares al convento de General Rodríguez por pedido del entonces secretario de Cristina y Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez.
"Conversamos sobre lugares y opciones y yo le comenté lo del convento: 'José necesitamos que se cumpla con este operativo, que salga perfectamente, es mejor para todos, las consecuencias pueden ser tremendas para vos y tu familia', me dijeron", relató.
"A mediados de mayo de 2016 fui citado a una reunión por Fabián Gutiérrez, quien fuera secretario privado de Néstor y Cristina Fernández, y me dijo que necesitaba mover una plata de Daniel Muñoz sin que se enterara su mujer Carolina Pochetti", ratificó. No obstante, aclaró que él sabía "que los mensajes venían de Cristina Kirchner".
Según relató, desde un lugar desconocido, pues forma parte del programa de protección de testigos e imputados colaboradores, Gutiérrez le dijo que "era una plata de la política".