El juez Marcelo Soria, de la Cámara Penal nº3, consideró que la ex intendenta de San José (Santa María), Mónica Hernández (FJV), estuvo "guiada por el propósito de perjudicar al municipio" cuando firmó el contrato para el alquiler de un camión y eludió los controles administrativos. Así lo señaló en los fundamentos de la sentencia que condenó a Hernández a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitó de por vida a ocupar cargos públicos.
El juez resaltó que se omitieron las normas que regulan el trámite una la licitación pública, lo que no le permitió al municipio optar por la oferta más ventajosa para el servicio. "Si se repara en el contenido del contrato, puede advertirse que Hernández recurre al procedimiento de la Contratación Directa en abierta contradicción con las normas legales vigentes, y descriptas por ordenanza municipal, normativa que la titular del Ejecutivo Municipal no podía desconocer", sostuvo.
Además, señaló que el comportamiento de la ex intendenta "importó la omisión de una serie de actos administrativos reglados y omitió la intervención de las autoridades competentes, para autorizar, aprobar y adjudicar las contrataciones en la Licitación Pública".
Para Soria, no caben dudas que Hernández actuó a sabiendas de lo que hacía. "Por ser la máxima autoridad del municipio, no sólo debía bregar por el cuidado y protección de los bienes que le habían sido confiados. También debió conocer que los fondos destinados al municipio, debían ser utilizados conforme a la legislación vigente", señaló, y consideró que no sólo ocasionó un daño económico a la Administración Pública, sino que también traicionó la confianza de sus propios votantes.
El juez puso el foco en que el contrato firmado con Oscar Maldonado fue considerablemente más caro que otros similares. Para el juez, eso no tiene explicación si uno intenta encontrar visos de legalidad en el comportamiento de la intendenta. "El accionar de Hernández no tiene otra explicación que sostener que estuvo guiado por el propósito de perjudicar económicamente al municipio de San José", opinó, y agregó que el perjuicio económico se robustece si se repara en el monto del contrato y su duración, además de la entrega de combustible sin cargo a Oscar Maldonado.
Además, insistió en que Hernández "quería evitar los controles, tanto del municipio, como los del Concejo Deliberante, y también los del Tribunal de Cuentas".
Si bien el juez destacó que Hernández no tenía antecedentes, apuntó en su contra que la ex intendenta no tenía motivos que la llevaran a delinquir. "Además de haber sido elegida como titular del Ejecutivo municipal, confiándosele los bienes que administraba y que lo aprovechó para sacar beneficio propio, la imputada era oriunda de la zona y conocedora de las indigencias que padecía la localidad de San José, donde en esa época la mayoría de la población no contaba con agua potable. Tampoco tenía impedimentos físicos o psíquicos que le imposibilitaran vivir honradamente", finalizó el magistrado.
