El concejal de Valle Viejo, Alberto Barrionuevo (FJV), encabezó un pedido de informe al Ejecutivo con el objeto de conocer el acuerdo extrajudicial entre la comuna y la empresa COARCO, a cargo de la obra de cloacas en ese departamento, luego de que la jueza María Cristina Rojas de Cutuli dejara sin materia la causa.
"Esto es algo que llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta las constantes declaraciones mediáticas realizadas por el intendente Gustavo Jalile hacia la empresa, defenestrando su accionar y cuestionando seriamente la obra", señaló.
En el proyecto, Barrionuevo destacó que es de público conocimiento "el mal desempeño de la empresa contratista en la ejecución de la obra de cloacas", y cuestionó que "el acuerdo alcanzado por el municipio de Valle viejo y la empresa COARCO estuvo ajeno a este cuerpo deliberativo, que desconoce sus alcances".
Para el concejal, "son evidentes las fallas constructivas en la ejecución de la obra de cloacas" y "el transitar diario y las pericias oficiales lo demuestran".
"Por lógica, es entendible la demanda realizada por el municipio, pero no se explica un acuerdo extraoficial entre municipio y empresa, más aún ahora cuando el fiscal municipal pretende apelar la resolución de la jueza", cuestionó.
Además, insistió en que si hubo acuerdo "debería haberse puesto a consideración del Concejo Deliberante o al menos haberlo informado".
Por ese motivo, pidió que se le gire copia de la demanda realizada por la Municipalidad a la empresa COARCO y copia del informe detallado del acuerdo extrajudicial realizado entre ambos.
La apelación
El mes pasado se conoció la sentencia de la jueza María Cristina Rojas de Cutuli, que resolvió dejar sin materia la demanda que el municipio había iniciado en contra de la empresa COARCO y el Estado provincial. La jueza señaló que la causa había perdido material al firmarse un acuerdo entre Valle Viejo y la empresa de forma extrajudicial, en febrero de este año.
Sin embargo, el municipio apeló ese fallo ya que explicó que aquel acuerdo fue para que la empresa restituya los montos que la comuna había invertido en la reparación del pavimento, y que incluso se fijo una cláusula que mencionaba que el municipio no cesaría la demanda por las deficiencias históricas en la obra.
En declaraciones a El Ancasti, el fiscal municipal Daniel Ortega explicó en ese momento que en el acuerdo, la empresa se comprometió a realizar un plan de trabajo para continuar con la obra y señaló que consistía en consensuar con el municipio la manera en la que continuaría la obra para evitar que se produzca el caos cuando la empresa interrumpe el tránsito por la obra.
"A partir de ahora, cualquier daño, hundimiento, accidente lo que suceda con esta obra será responsabilidad de la jueza, de la empresa y del Estado provincial que tomó parte por la empresa", dijo el fiscal municipal y el propio intendente Jalil luego tildó a la empresa de "trucha y coimera".n
