Los empresarios Víctor Núñez y Jorge Lobos se presentaron ayer en la Justicia federal en el marco de la causa Dusso. El lunes será el turno de Rafael Villagra, gerente de la empresa REV. Además, para la próxima semana el fiscal subrogante Rafael Vehils Ruiz pidió que se convoque al ex administrador del IPV Pedro Molas y a Eduardo Brizuela del Moral (h), quien se desempeñaba como director de Investigaciones y Proyectos y luego ocupó otros cargos en el IPV. La convocatoria todavía no tiene fecha.
Fuentes judiciales ratificaron que los empresarios confirmaron la existencia de la Asociación de Empresas Contratistas del Estado, la Cámara paralela que había impulsado el actual ministro Rubén Dusso para negociar directamente con Nación las licitaciones de viviendas que llegaban a Catamarca. En este sentido confirmaron que participaron de algunas reuniones.
En la declaración que los empresarios habían realizado en la Fiscalía federal ya habían confirmado su existencia y fue ratificado ahora en esta nueva instancia. De igual modo negaron estar involucrados en una operatoria de retornos.
Además, los empresarios negaron haber participado en alguna reunión con Jorge Marcolli, el empresario denunciante.
Núñez y Lobos fueron interrogados por el fiscal subrogante Rafael Vehils Ruiz, quien actúa en reemplazo de Santos Reynoso, y por el juez Miguel Ángel Contreras. Según trascendió, hubo algunas contradicciones con respecto al funcionamiento de la operatoria con Nación. De todos modos, se evaluará el testimonio de los empresarios cuando Villagra complete esta etapa.
Núñez y Lobos se retiraron del Juzgado sin realizar declaraciones. Consultado por El Ancasti, Núñez evitó referirse a otra causa que lo tiene como protagonista: el alquiler de maquinarias por parte de Vialidad Provincial. En este caso, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública investiga la falsificación de títulos de cuatro máquinas que Vialidad le contrató a Núñez. "Está en manos de la Justicia y es allí donde debe resolverse", respondió antes de ingresar en un estudio de abogados, ubicado a pocos metros del Juzgado Federal.
Lobos, por su parte, se mostró molesto ante la consulta periodística y solo dijo que no sabía por qué había sido convocado. Cuando se retiró del Juzgado evitó también realizar declaraciones.
Informes a la Vivienda Al iniciar la investigación, el juez Contreras libró un oficio al Instituto Provincial de la Vivienda para que informe sobre el avance y estado actual de las obras correspondientes a las licitaciones públicas Nº 65/04 y 96/04, inclusive, con copia certificada.
Además, se pidió que acompañe copia certificada de la adenda a los convenios particulares del Programa Federal de Construcción de Viviendas, suscriptos en virtud del convenio marco del programa Federal de Construcción de Viviendas, de fecha 21 de julio de 2004.
Los informes se completarán con los testimonios de Molas y Brizuela del Moral (h).
Embargan cuenta de Wagner
El juez Claudio Bonadío ordenó el embargo de una cuenta suiza con 20 millones de dólares a nombre Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, quien aportó datos clave sobre el circuito de las coimas en carácter de arrepentido.
Se trata del primer hallazgo de dinero sospechado de provenir de la corrupción en el reparto de obra pública durante el kirchnerismo.
Bonadío, a cargo de la causa, había ordenado días atrás que se trabara el embargo ante las autoridades suizas como una medida preventiva para congelar los activos del empresario.
Wagner, dueño de la constructora Esuco SA, se había convertido en uno de los imputados colaboradores y obtuvo su libertad después de estar detenido una semana. Durante una extensa declaración contó cómo funcionó "el sistema de la obra pública", que pagaba "un retorno del 10 al 20% a la política", que "otorgaba obras de ingeniería civil" mayoritariamente.
Apuntado como partícipe necesario de la asociación ilícita que movió, según la Justicia, cerca de 200 millones de dólares en sobornos durante diez años, fue el primero del sector en admitir "pago de coimas" y contó cómo funcionaba la "cartelización de la obra pública".
