En el marco de las políticas de ajuste del gasto que lleva adelante el Gobierno nacional, fueron desvinculados unos 1.800 empleados que no cumplían con las horas de trabajo. Se trata de agentes que renunciaron luego la implementación del nuevo sistema de control de asistencias. Según informó La Nación, en lo que va del 2018 ya hubo 5.000 desvinculaciones, y estiman que será complicado que el año próximo se registre una cifra similar.
Según detalla el informe, de los 1.800 empleados que se vieron obligados a renunciar, unos 500 figuraban en el Congreso, donde se instalaron molinetes y aparatos biométricos para controlar la asistencia. Entre los 5.000 empleados que se cuentan en la reducción de personal se incluye a quienes optaron por planes de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. De esos 5.000, 1.900 pertenecían al Ejecutivo, 400 prestaban servicios en el Senado y aceptaron el retiro anticipado o renunciaron, 138 no cumplían con su horario y renunciaron en la Cámara de Diputados, y también en esa Cámara 155 fueron sumariados por sus repetidas inasistencias.
Aunque esta reducción de personal también está contemplada en el proyecto de ley de presupuesto 2019, estiman que "difícilmente haya un recorte similar porque es un año electoral".
El informe señala que "las mayores bajas se observaron en el Ministerio de Defensa, con una caída de 1640 cargos en el Estado Mayor del Ejército, y 998 cargos en el Estado Mayor de la Armada".
Además, en Salud y Desarrollo Social se registraron 1047 cargos menos en ANSES, mientras que en Producción y Trabajo hay 874 cargos menos para el INTA, y 430 menos para el SENASA.
Todas esas bajas no serán cubiertas por el Gobierno, ya que se congelaron los ingresos al Estado hasta diciembre de 2019.
Advierten que la recesión provocará más despidos
Un informe de la consultora IDESA asegura que si la recesión económica se prolonga, la destrucción de empleos "se va a acelerar", ya que "la volatilidad cambiaria, las muy elevadas tasas de interés y la aceleración inflacionaria provocan una severa tensión sobre las pymes". El pronóstico es dramático, aún cuando los últimos datos oficiales sobre empleo asalariado privado registrado (de junio 2018) "no muestran pérdidas importantes".
IDESA puntualizó que "las condiciones fiscales y monetarias dejan poco espacio de maniobras para relajar al ahogo financiero de las empresas". "De aquí que urge pensar en herramientas innovadoras que morigeren los impactos sociales de la crisis y preparen las condiciones para una rápida recuperación", añadieron. En tal sentido, el informe sostiene que el Congreso "ha demostrado ser incapaz de avanzar en modernizar las regulaciones laborales", e instó a que se puedan lograr acuerdos entre el empleador y todos sus trabajadores, y no negociaciones colectivas por sector.
