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También se pidió una medida cautelar por 60 días

Imputaron a Iguacel por el adicional al gas

La medida es por abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes y fraude a la administración.

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12 de octubre de 2018 - 04:04 Por Redacción El Ancasti

Pese a la decisión del Gobierno nacional de dar marcha atrás con la compensación a las empresas al gas que iba a ser absorbida por los usuarios, pero que finalmente saldrá de las arcas del estado, la fiscal federal Paloma Ochoa imputó al secretario de Energía, Javier Iguacel, por la polémica resolución. La jueza también pidió que "en forma urgente" se dicte una medida cautelar por 60 días para evitar la aplicación.

La imputación contra Iguacel es por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público –tal como había planteado el fiscal Guillermo Marijuan- y agregó también la de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de hasta 6 años.

Oficializaron la derogación del retroactivo para el gas en 24 cuotas

De este modo, avanza en la Justicia la denuncia presentada por Marijuan, la cual quedó radicada en el juzgado federal de María Romilda Servini de Cubría, quien, a su vez, delegó en Ochoa la investigación.

La causa se originó a partir de la resolución que habilita a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir del 1 enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos devaluación del peso, que generó una fuerte polémica y la reacción de la oposición y de entidades de usuarios.

El gobierno se comprometió a dejar sin efecto la resolución y anunció que el Estado se hará cargo de la deuda originada por la devaluación producida entre abril y septiembre pasado.

En su dictamen, Ochoa explicó que, a primera vista, "la finalidad perseguida por dicho acto administrativo pareciera circunscribirse a asegurar un margen de ganancia de un actor, en un contexto devaluatorio de la moneda nacional que ineludiblemente redundará en el empobrecimiento de la mayoría de los actores de la sociedad argentina".

"La utilización del poder público a tales fines, excede los meros actos de gestión de políticas públicas y puede tornarse en jurídico-penalmente relevante, de mínima y como ya se señalara, a la luz de lo normado por el artículo 248 y eventualmente el artículo 174 inciso 5 del Código Penal", sostuvo.

El artículo 248 del Código Penal prevé que "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
 En tanto, el artículo 174 prevé una pena de dos a seis años a quien "cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública".

  La fiscal pidió que la jueza en forma urgente dicte una medida cautelar de no innovar contra la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación para que se suspenda, por el término de sesenta días (60) días, la resolución 20/2018.

Rechazo en el Senado

El miércoles el Senado había aprobado un proyecto de declaración en rechazo a la resolución oficial de la Secretaría de Energía. La iniciativa se aprobó pese a la reunión que mantuvieron los jefes de bloque de la Cámara alta con Rogelio Frigerio, en la que les confirmó que el Gobierno daría marcha atrás con la medida. Pero la coyuntura obligó a los senadores a iniciar la sesión incorporando el debate sobre la compensación a las empresas energéticas. El jefe del bloque justicialista Miguel Ángel Pichetto afirmó que se trataba de un proyecto de comunicación para derogar la medida y para asegurar que "no tendrá costo" para los usuarios.

Pichetto calificó a la medida tomada por Iguacel, como “una resolución tremenda que significaba hacerle pagar el costo de la devaluación en materia tarifaria a los usuarios que vienen soportando tarifas altísimas con un impacto demoledor en el bolsillo”. También se sumó Cristina Kirchner, quien dijo que "las empresas productoras y las empresas distribuidoras han obtenido ganancias multimillonarias con los tarifazos" y les reclamó absorber el costo.

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