El 26 de diciembre de 2017, el Gobierno emitió el decreto Nº 1660, por el que aprueba la addenda al contrato de la concesión de distribución de energía eléctrica a favor de la empresa de Energía Catamarca (EC SAPEM). Uno de los puntos más importantes es que el ENRE recupera la posibilidad de realizar los controles en el servicio energético, porque será la autoridad de contralor de la empresa. Esta facultad le había sido negada desde enero de 2012 cuando se creó la EC SAPEM. En aquel entonces el organismo estuvo en riesgo de desaparecer. Además, se modifica la fórmula polinómica para la determinación del cuadro tarifario. Este fue uno de los planteos que diputados del FCS realizaron en la audiencia pública de diciembre de 2016 al argumentar que había sido mal formulada. Cuando se aprobó la ley Nº 5355 de creación de la empresa EC SAPEM, a fines de 2012, se había establecido que el Ministerio de Servicios Públicos tendría la competencia para controlar a la empresa en lo que se refiere a la prestación del servicio. La normativa se aprobó por unanimidad como un gesto de apoyo del FCS al gobierno de Corpacci que comenzaba a dar sus primeros pasos y en el marco de la emergencia de los servicios públicos. Ahora, el Gobierno aprueba una addenda, que sería una incorporación de notas al aclaratorias al texto principal que fue aprobado por ley.
En 2012 se había generado una gran polémica porque el ex ministro de Servicios Públicos Julio César Molina, junto a diputados del peronismo consideraban que había desaparecido la razón de existir del ENRE. El debate en el oficialismo era la intervención del organismo, tal como lo proponía el ministro de Servicios Públicos, Julio Molina o la eliminación, un planteo cuya voz cantante era la del ex diputado Jorge Moreno, actual senador por Capital. El planteo político era que el ENRE estaba a cargo de tres dirigentes que venían del FCS: Augusto César Acuña, Luis Lobo Vergara y Rosa Mabel Sarquís.
El ex senador por la Capital Ramón Figueroa Castellanos señalaba que el objeto por el que había sido creado el ENRE ya no existe, dado que la prestación de los servicios de agua y energía está en manos del Estado, es decir no tiene empresas privadas para controlar. Con el tiempo, la discusión pasó al freezer y , la Gobernadora no tomó ninguna definición.
El ENRE, mientras tanto, enviaba notas a los ex ministros de Servicios Públicos, para intervenir en el control de calidad del servicio de distribución de electricidad para la etapa 1 del nuevo contrato de concesión. Pero el Gobierno no contestaba.
A fines de 2015, se produce la salida de Luis Lobo Vergara (FCS) para asumir en la Cámara de Diputados. Esto le permite al Gobierno designar a uno de los suyo y en agosto de 2016 asume el abogado Miguel Dahbar en el organismo de control.
La nueva integración del ENRE y los cambios en la política de servicios públicos, a partir de la llegada al poder de Mauricio Macri, fueron fundamentales para inyectar oxígeno al organismo de control que empezó a tener mayor protagonismo con los nuevos cuadros tarifarios que implementaba el Gobierno nacional, luego de años de la Convergencia Tarifaria, plan del kirchnerismo por el que las tarifas estaban congeladas y había un alto nivel de subsidios.
La participación del ENRE fue clave en 2016 cuando avaló una actualización del Valor de Distribución que había sido propuesto por la empresa EC SAPEM. Diputados del FCS realizaron una presentación judicial porque consideraban que debían convocar a una audiencia pública para la actualización. La Corte de Justicia les dio la razón y fue un duro revés para la empresa y para el ENRE que debieron consensuar la forma para devolver lo que se había cobrado demás.
En el marco del acercamiento con el Gobierno, el ENRE insistió con recuperar la facultad de controlar la empresa. En diversas oportunidades, el FCS acusó cierta connivencia entre el Gobierno y el ENRE. Finalmente, el decreto salió dos días antes de la audiencia pública convocada para la actualización tarifaria.
PUNTOS
Incorporaciones al contrato
- La ley establecía que el control de la empresa EC SAPEM estaba a cargo del Ministerio de Servicios Públicos. Ahora se establece que la autoridad de contralor es el ENRE, que será responsable de controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa vigente.
- Se estableció la tasa de fiscalización y control en 1,5% de la facturación básica. En la ley original de creación del ENRE la tasa no estaba reglamentada, aunque se cobraba a través de las facturas.
- Se modifica la fórmula de la actualización del Valor de Distribución. En la nueva fórmula del VAD se incluyeron la modificaciones solicitadas por el ENRE, a partir de los planteos realizados en la audiencia pública de diciembre 2016 por diputados del FCS.
- Se fija que el régimen tarifario será revisado, por primera vez, a los cinco años del inicio de la concesión. Esa revisión se produjo en diciembre del año pasado y se espera la resolución del ENRE por el nuevo cuadro tarifario. El nuevo incremento sería anunciado esta semana.
