El Tribunal de Cuentas dispuso la instrucción de un sumario administrativo de Responsabilidad en la Secretaría de Estado de la Vivienda a partir de la denuncia penal que fue formulada por legisladores provinciales del FCS, por presuntos hechos de corrupción, consistentes en la compra de materiales de construcción a un corralón vinculado con funcionarios y empleados del organismo. Todos los hechos denunciados corresponden a la gestión del ex secretario de la Vivienda Octavio Gutiérrez.
El área de auditorías por objetivo elevó un informe en el que sugiere el inicio del juicio administrativo de responsabilidad.
La denuncia en la Justicia se presentó en mayo de 2016 y fue iniciada por la diputada Paola Bazán. En ese momento, el TC dispuso iniciar la auditoría por objetivo. En julio de 2017, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública dispuso elevar a juicio una parte de la causa y continuar con la investigación (ver aparte).
Las personas denunciadas fueron Silvia Alejandra Quinteros, ex directora de la Dirección de Administración Contable y Financiera de la Secretaría de Estado de la Vivienda y Desarrollo Urbano; y Jacqueline Elizabeth Figueroa y María Margarita Cisneros, ambas empleadas públicas con ejercicio de sus funciones en la Dirección de Administración Contable y Financiera de la misma Secretaría.
La presentación consistió en revelar una trama de corrupción que consistía en realizar compras a un corralón vinculado con las ex funcionarias de la Secretaría de la Vivienda.
En la Justicia, la causa se eleva a juicio porque se comprueba la existencia de una trama de "negociaciones” entre la firma RAF y la Secretaría de la Vivienda. Según la investigación, la empresa se creó solo con el objeto de venderle al Estado. Se comprueba además que Quinteros, desde su lugar de funcionaria, aceitó el mecanismo burocrático para permitir las órdenes de pago a favor de RAF.
La firma habría comenzado con la compra de materiales a otros corralones y luego revendía a la Secretaría de la Vivienda a un precio más elevado. Esas operaciones permitieron que la familia se capitalizara hasta llegar a inaugurar su propio corralón y adquirir maquinarias y otros elementos para fortalecerse como proveedores. En el organismo tenían el contacto con Quinteros, que se había ocupado de agilizar los expedientes.
Limitaciones
Según la resolución del Tribunal de Cuentas, los auditores tuvieron limitaciones para realizar la auditoría, ya que no se suministró toda la información requerida por el organismo. Según trascendió, se había sugerido la realización de otra auditoría complementaria con el objeto de ampliar la muestra de expedientes a analizar para realizar una mejor cuantificación del presunto daño que se habría generado al erario público.
Es que la muestra analizada es solo de 11 expedientes de contrataciones a la empresa RAF y en realidad, de acuerdo con las denuncias presentadas, el daño sería mayor.
