El bloque mayoritario de diputados del FCS-Cambiemos junto con los tres senadores de la oposición -Jorge Malnis (Valle Viejo), Omar Noriega (Paclín) y Luis Cordero (Ancasti)- firmaron la nota dirigida al secretario de la Vivienda, Fidel Sáenz, para que remita información a la Legislatura sobre las presuntas acciones legales iniciadas por el Gobierno provincial por la camioneta patente FGL 225 que apareció en el allanamiento que realizó Gendarmería Nacional hace poco más de una semana en la ciudad de La Plata (Buenos Aires) en la concesionaria de autos "El Chaqueñito", vinculada a un socio del titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), Marcelo Balcedo. En la nota que fue enviada ayer al organismo de la Vivienda se hace mención a la ley de Acceso a la Información Pública, a partir de la cual solicitan:
a) Actuaciones Administrativas o investigación sumarial iniciadas a partir del vehículo supuestamente implicado, que en principio correspondería a una adulteración de la patente FGL 225 correspondiente a la camioneta Chevrolet S10 Modelo 2005 de propiedad de ese organismo, con la finalidad de deslindar responsabilidades de los funcionarios responsables del parque automotor de la Secretaría de la Vivienda.
b) Informe si se ha realizado presentación judicial en el fuero federal por la gravedad implícita, atento a que aparentemente nos encontramos ante una adulteración o duplicado de un dominio registral de un vehículo oficial que debe ser esclarecido, ante el riesgo potencial de que esta situación pueda generar perjuicios al patrimonio público. El Código Penal en su título XII Delitos contra la Fe Pública caracteriza estos delitos en particular en sus Capítulos II (Falsificación de Sellos, timbres y marcas) y III (Falsificación de documentos en general).
c) Listado de todo el parque automotor de la Secretaría de la Vivienda y Desarrollo Urbano, en uso y fuera de servicio con datos de identificación de los vehículos, del organismo propietario, afectaciones registrales y toda otra información de interés sobre éstos.
"Queda claro que no podemos confundir la legítima inscripción que la Secretaría de la Vivienda realizara del automotor -cuyo secuestro un juez ordenó en la provincia de Buenos Aires- con una falsificación posterior del mismo título, a la que el organismo oficial de nuestra provincial sería ajeno", sostuvieron en los fundamentos. Y consideraron que la Secretaría de la Vivienda "resulta como la principal damnificada por este grave suceso ante la inesperada derivación de denuncia de corrupción contra Balcedo".
