El bloque de diputados del Frente para la Victoria presentó esta semana un proyecto que busca la creación de un Registro Único de Subsidios y Ayuda Social, en el que deberán relevarse todas las opciones de asistencia estatal y sus beneficiarios directos, para llevar un mayor control de estos recursos, evitar mayores desigualdades y hasta caer en la denuncia de la dádiva.
Los autores explicaron que se trata de una propuesta administrativa para transparentar las políticas sociales del Estado. "La falta de articulación entre los distintos organismos que proveen ayudas sociales a los ciudadanos en condición de vulnerabilidad dificulta el acceso a las prestaciones, generando no solo una situación de desigualdad e inequidad, sino también que las personas se vean obligadas a transitar por las distintas oficinas públicas, buscando acceder a diferentes tipos de ayuda", explicó Guerrero.
En este sentido, aseguró que este registro se utilizaría en todos los organismos del Poder Ejecutivo, pero también del Legislativo, que tiene la posibilidad de otorgar subsidios. Con este registro, se podrá conocer si quien pretende acceder a algún tipo de asistencia ya ha sido beneficiado por algún otro ente estatal. La propuesta es que sea el Ministerio de Hacienda y Finanzas el que acopie esta información.
Deberá especificar todo otorgamiento, desembolso, gastos de transferencia para subsidios o entrega de bienes de cualquier naturaleza; los datos personales del beneficiario; tipo de subsidio, CUIT o CUIL; fuente de financiamiento; fecha de otorgamiento y ejecución del subsidio; período de vigencia del subsidio y su finalidad, al tiempo que tendrá que garantizar el derecho a la privacidad y el acceso a los datos personales de los beneficiarios.
A este registro solo podrán acceder los funcionarios pertenecientes a los poderes Ejecutivo y Legislativo que tengan la atribución para disponer fondos de subsidios o ayudas por entrega de bienes. "Implicará también una relación directa entre el ciudadano y el Estado, evitando los intermediarios, con un pretendido mayor y mejor equilibro en la distribución de los recursos", expresa en los fundamentos.
Sanciones
Los funcionarios del Ejecutivo y de las cámaras de Diputados y Senadores serán responsables de evaluar los requerimientos, corroborar sus urgencias y cruzar los datos en el Registro. La carga de los datos debe ser inmediata y a modo de comprobante administrativo se incorporará una constancia para ser adjuntada a las actuaciones.
En el caso de que un funcionario omita o incumpla estas obligaciones será sancionado con el descuento directo en sus haberes mensuales del importe del subsidio, o el equivalente en dinero del valor del bien entregado en ayuda que no haya sido registrado.
En la Capital
Desde julio de 2014 existe en la Municipalidad de la Capital el Registro Único de Asistencia Social, que al igual que el propuesto, es una un contralor de los subsidios que se otorgan en el ámbito de la comuna. Al momento de su aprobación, se autorizó a que el municipio firme acuerdos para extender el registro al Ejecutivo provincial y al Poder Legislativo, pero no se concretó a pesar de la vigencia de esta ordenanza (5824/14, promulgada por el decreto nº1320/14 el 26 de septiembre de ese año).
Aquel proyecto fue una propuesta de la concejal Liliana Barrionuevo (F3P), y entre otras cosas establece que el beneficiario de un subsidio no puede recibir nuevamente asistencia similar por parte del Municipio y del Concejo Deliberante durante un plazo no inferior a 90 días corridos.