La Cámara Penal Nº1 rechazó los planteos de nulidad presentados por los abogados de tres de los imputados en la causa del Megafraude en Desarrollo Social.
viernes 13 de junio de 2025
La Cámara Penal Nº1 rechazó los planteos de nulidad presentados por los abogados de tres de los imputados en la causa del Megafraude en Desarrollo Social.
Con esta decisión, el tribunal podría continuar con los preparativos para la realización del juicio de la causa que sacudió la primera gestión de Eduardo Brizuela del Moral. Sin embargo, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen las normas jurídico-procesales, la defensa de las partes podría apelar la medida a casación y el tema sería resuelto por la Corte de Justicia.
Las presentaciones de nulidad fueron realizadas por los abogados Víctor García e Iván Sarquís. García representa a la ex empleada de Desarrollo Social Nancy Madueño y al titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, mientras que Sarquís defendía al ex director de Políticas Juveniles Ariel Regina.
Las presentaciones se realizaron el miércoles 16 de agosto, justo el día en que debía comenzar el juicio.
Una de las presentaciones fue solicitando la nulidad de las pruebas presentadas ante el tribunal mientras que la otra pide la nulidad de la requisitoria fiscal.
Las presentaciones fueron analizadas por la Cámara que está conformada por su presidente, Fernando Esteban, y los jueces Jorge Álvarez Morales (integrante de la Cámara Penal Nº 2, en reemplazo de Carlos Roselló, que ya intervino en la causa como juez en la Cámara de Apelaciones) y Fabricio Gershani (juez de Menores en reemplazo de Roberto Dionisio Mazzucco, quien se encuentra de licencia).
Al cierre de esta edición, no se conocía qué determinación tomarían los abogados que realizaron la presentación. Si deciden apelar la determinación del Tribunal, el planteo caería en la Corte de Justicia. En ese marco, como el máximo tribunal no tiene plazos para fallar, el inicio del juicio sería incierto.
Incluso, si la Corte de Justicia también rechaza los planteos, los letrados podrían llevar el reclamo hasta la Corte Suprema.
“El megafraude de Desarrollo Social” fue el escándalo de corrupción que explotó a 10 meses del inicio del primer gobierno de Eduardo Brizuela del Moral. En octubre de 2004, El Ancasti dio a conocer una investigación que dejó al descubierto una triangulación entre Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda y dos fundaciones que cobraron alrededor de $5 millones por el supuesto dictado de cursos de capacitación.
Entre los imputados se encuentran el ex secretario de Desarrollo Social Pablo Córdoba Molas. También está el ex director de Políticas Juveniles Ariel Regina; el presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante, el titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu y la ex empleada de Desarrollo Social Nancy Madueño.
Además, están implicados algunos ex funcionarios que se desempeñaban en el Ministerio de Hacienda y que habrían colaborado en la trama para favorecer los pagos: María Cristina Barros de Voget; Guillermo Alberto López; Liliana del Valle Jalil de Barrera; Susana Beatriz de la Colina y el ex contador de la Provincia Juan Andrés Barrios.