Catamarca junto con la mayoría de las provincias argentinas ratificaron la defensa de sus recursos ante el planteo de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano Bonaerense. En ese sentido, firmaron un documento, en el que establecen que "ejercerán las defensas técnicas-jurídicas que le correspondan a cada provincia ante la Corte Suprema de Justicia, en resguardo del patrimonio provincial y los intereses de sus ciudadanos".
Esta proclama fue firmada en la reunión de fiscales de Estado y asesores de Gobierno de 22 provincias en el edificio del Consejo Federal de Inversiones. El encuentro estaba previsto para coordinar acciones comunes frente a la avanzada de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Por Catamarca estuvieron presentes el fiscal de Estado, Carlos Bertorello, y el asesor de Gobierno, Pablo Gallardo.
En el encuentro hubo una asistencia casi perfecta; algunos representantes de provincias no pudieron estar presentes por problemas en los vuelos, pero enviaron su postura. Sin embargo, no todas las provincias firmaron el documento. Tal es el caso de Jujuy, actualmente gobernada por el radical y referente de Cambiemos, Gerardo Morales. Y también Mendoza, igualmente cercana al Gobierno nacional, firmó el instrumento, pero con reparos.
En diálogo con El Ancasti, Gallardo resaltó que en base a lo resuelto en esta reunión es que las distintas provincias armarán sus estrategias de defensa ante el máximo tribunal.
Además, resaltó que en el encuentro se planteó que la Corte no debería correr traslado a las provincias como "terceros interesados", puesto que esta figura procesal "limita a las provincias para realizar un real ejercicio de la defensa técnica".
"Las provincias no son terceros interesados, las provincias son parte del proceso ya que son ellas las que se verían afectadas en sus recursos si el planteo de la provincia de Buenos Aires prospera", aclaró.
Por otra parte, el funcionario indicó que Catamarca ratificó su postura en relación con que la Justicia no es el ámbito donde se debe resolver este conflicto, sino el Poder Legislativo. En ese marco, explicó que, con la vigencia de la ley nacional que pone en marcha el programa de Reparación Histórica (ley 27.260) se crearon dos comisiones (Comisión Bicameral de Reforma Tributaria y Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social) donde "el Parlamento se puede expedir en el tema".
También, señaló que la provincia de Buenos Aires no demuestra con certeza el daño en su presentación. "Ellos reclaman $2.500 millones porque, según afirman, quedaron desfasados producto de la inflación, pero la política monetaria e inflacionaria no la fijan las provincias, sino el Estado nacional a través del Banco Central", sostuvo.
Finalmente, resaltó que las provincias defenderán su postura en base a lo que establece la cláusula transitoria n° 6 de la Constitución nacional sancionada en 1994.
Según el funcionario ese artículo ratifica que las provincias no realizarán ningún renunciamiento con respecto a la cuestión de los fondos coparticipables.
Más allá de este documento, Gallardo señaló que las provincias seguirán trabajando en responder el traslado que les hizo la Corte Suprema. En el caso de Catamarca, el funcionario indicó que la Provincia tiene tiempo hasta 28 de septiembre. "En este tema todas las áreas legales del Gobierno están trabajando para conformar una respuesta. Nosotros vamos a defender el sistema federal argentino, que de ninguna manera se puede vulnerar porque está establecido por la Constitución nacional", dijo.
Finalizado el encuentro, las provincias acordaron seguir en contacto, pero no se fijó una nueva fecha de encuentro puesto que algunas jurisdicciones (como es el caso de Catamarca) deben responder a la Corte en el corto plazo.
Sin embargo, trascendió que los gobernadores se reunirían, también en el CFI, el martes de la semana próxima.
Reclamo
La pelea por el Fondo del Conurbano está en la Corte Suprema de Justicia, luego de que la administración de María Eugenia Vidal realizara una presentación para declarar inconstitucional el tope que se le puso a la provincia de Buenos Aires de 650 millones de pesos (dólares) en 1996. El máximo tribunal aceptó analizar la presentación y por lo tanto corrió traslado al resto de las provincias para que emitan una opinión sobre el tema. Además del pago íntegro del Fondo del Conurbano, la gobernadora bonaerense exige lo no cobrado durante los últimos cinco años: unos $ 250.000 millones.
El fondo fue creado en 1992 para compensar la coparticipación que Buenos Aires había cedido en los 80 y se nutre del 10% de la recaudación del impuesto a las Ganancias. Devaluaciones mediante, la recaudación del impuesto a las Ganancias creció y, con ella, el Fondo del Conurbano.
