La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública elevó a juicio una primera parte de la causa relacionada con hechos de corrupción ocurridos durante la gestión anterior en la Secretaría de la Vivienda. En la causa está comprometida la ex titular de Administración Contable y Financiera de la Secretaría de la Vivienda Silvia Alejandra Quinteros por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal. También, Jackeline Figueroa de Moreno, quien se desempeñaba como secretaria privada de Quinteros y era titular de la firma RAF SRL, proveedora de la Vivienda; el hermano de Jackeline, Gonzalo Figueroa, propietario de un corralón que actuó como proveedor de la Vivienda, y María Cisneros, madre de Jackeline y Gonzalo, socia con su hija en la firma RAF SRL y también empleada en el organismo oficial.
Los hermanos Figueroa y su madre están imputados como partícipes necesarios en las negociaciones incompatibles con la función pública.
De acuerdo con la información a la que accedió la diputada Paola Bazán, quien presentó la denuncia en mayo del año pasado, la fiscalía habría corroborado algunas de las irregularidades que fueron presentadas.
La causa se eleva a juicio porque se comprueba la existencia de una trama de "negociaciones” entre la firma RAF y la Secretaría de la Vivienda. La empresa se creó solo con el objeto de venderle al Estado. Se comprueba además que Quinteros, desde su lugar de funcionaria, aceitó el mecanismo burocrático para permitir las órdenes de pago a favor de RAF.
La firma habría comenzado con la compra de materiales a otros corralones y luego revendía a la Secretaría de la Vivienda a un precio más elevado. Esas operaciones permitieron que la familia se capitalizara hasta llegar a inaugurar su propio corralón y adquirir maquinarias y otros elementos para fortalecerse como proveedores. En el organismo tenían el contacto con Quinteros, que agilizaba los expedientes.
Además, Quinteros y Figueroa eran socias en otros emprendimientos privados a través de la firma "Las Kumpas” y explotaban distintos locales comerciales.
El monto de las contrataciones a las empresas cuestionadas llegaría a $ 74 millones en un período estimado entre junio de 2013 y diciembre de 2015.
Esta primera parte de la denuncia que fue elevada a juicio permite abrir la investigación hacia otras aristas, tal como el supuesto enriquecimiento ilícito de Quinteros y su secretaria Jackeline Figueroa. También se abren interrogantes con respecto a las contrataciones en la Secretaría de la Vivienda y la relación con otros proveedores.
En la actualidad, Quinteros se desempeña como asesora en la Cámara de Senadores.
Según pudo averiguar este medio, los abogados que defienden a los imputados ya plantearon su oposición a la elevación a juicio.
La presentación
En la denuncia que Bazán había presentado ante la Justicia apuntaba que Silvia Quinteros se desempeñó en su cargo desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2015 y "realizó actos que configurarían delitos penales", según la denuncia de la diputada. En esa denuncia aportó algunos elementos como la relación que unía a los protagonistas de la historia.
La diputada también puso en el tapete el crecimiento del patrimonio de Quinteros y Figueroa. "Debo resaltar que Figueroa fue empleada de comercio hasta 2012, cuando ingresó a la Secretaría de la Vivienda como secretaria privada de Quinteros; y actualmente es socia gerente de dos SRL. El incremento patrimonial de Quinteros y Figueroa llamativamente coincide con el ingreso de ambas a la gestión pública", finalizó.
Posteriormente, realizó una ampliación de la denuncia.
LA CAUSA
Silvia Alejandra Quinteros era la directora de Administración Contable y Financiera en la anterior gestión de la Secretaría de la Vivienda, en el período 2011-2015.
Está imputada por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en concurso ideal.
Vivienda contrató como proveedores a dos empresas cuyos propietarios tenían vinculación con la funcionaria.
Una es la firma RAF SRL que tiene a Jackeline Figueroa como titular y a su madre, María Cisneros, como socias. Según la investigación, se habría comprobado que la firma se creó solo para convertirse en proveedora de la Vivienda. Además, Figueroa era secretaria de Quinteros en el organismo oficial.
La otra firma es el Corralón San Fernando, en la que interviene el hermano de Jackeline, Gonzalo Figueroa.
La Fiscalía investiga contrataciones por $ 74 millones en el período junio 2013- diciembre 2015.
