La gobernadora, Lucía Corpacci, y el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, se refirieron ayer al fallo de la Cámara Federal de Tucumán que ordenó suspender la actividad en Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno. Ambos coincidieron en que el fallo de la Justicia es extemporáneo y que no se tuvieron en cuenta estudios ambientales posteriores que están en poder de la Secretaría de Minería y de otros organismos.
Tras participar en el acto de entrega de viviendas en Valle Viejo, la Gobernadora fue cautelosa, pero consideró que la Justicia debería haber solicitado información ambiental con la que hoy cuenta la Provincia para emitir una sentencia actualizada. (Ver aparte).
En el mismo sentido, opinó el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi: "Es una cuestión que viene hace 7 años, es un pleito judicial entre particulares y la empresa; el Estado prácticamente no tiene nada que ver. No deja de llamarnos la atención que después de 7 años recién salga el fallo por una medida cautelar; ni siquiera estamos hablando de que se resolvió el fondo de la cuestión. Cuando se pide una medida cautelar debe ser rápida, expeditiva, porque estaría produciendo un daño. Esa medida fue pedida hace siete años y recién hoy se resuelve", opinó en diálogo con la prensa.
Saadi observó que para dictar esa medida cautelar se tuvieron en cuenta estudios de hace varios años. "Deberían haber pedido informes porque desde que ingresó la doctora Corpacci hubo controles rigurosos de la cuestión ambiental, se hicieron estudios de la Universidad de Catamarca, la Universidad de Tucumán, están todas las certificaciones de la Secretaría de Minería que se deberían haber pedido para tomar una decisión conforme a derecho".
Más adelante señaló que la preocupación de la Provincia es por la manera en que afecta el fallo a los puestos de trabajo directos e indirectos y las posibles inversiones con respecto a la actividad minera. "Es preocupante; desconocemos el alcance de la medida. Por lo que leí, es que debería realizarse una pericia en el lugar y para eso va a pasar un tiempo", observó y apuntó que el juez federal Ricardo Moreno no podría volver a tratar el tema, lo que implica que deberá convocarse a otros jueces.
Poder Judicial
Por otra parte, Saadi fue consultado por las críticas del ministro de la Corte, José Ricardo Cáceres, por el recorte en el presupuesto, quien acusó que el Ejecutivo "rapiñó" las partidas que correspondían al Poder Judicial.
"Fueron declaraciones desafortunadas; estamos en un momento de recesión económica y todos debemos ajustarnos a esa realidad. Sin perjuicio de ello, creo que un poder del Estado hace un presupuesto pero hay que ver cuánto se puede pagar. Tampoco se puede desconocer que en los primeros meses del año llegó menos de coparticipación", señaló.
El ministro político del Gobierno dijo que el Ejecutivo no tiene problemas para recibir a los Autoconvocados del Poder Judicial. Sin embargo, aclaró que la política salarial la tiene que fijar la Corte de Justicia. "También nosotros tenemos problemas porque hay reclamos de distintos sectores".
Corpacci: "Se debió pedir información a Minería"
La gobernadora, Lucía Corpacci, se refirió ayer al fallo y también opinó que la Justicia debería haber solicitado los últimos informes de impacto ambiental antes de determinar una suspensión para la actividad.
"Es una causa de 2010; se presenta como un recurso de amparo y se resuelve siete años después. Tengo entendido que es una familia que demanda a la empresa por contaminación del agua".
"Esto tuvo muchas instancias legales, tanto que demoró siete años y actualmente vuelve con la instrucción de que se presente el seguro de reparo ambiental, que por la información que tenemos del secretario de Minería está presentado, la empresa lo tiene. Lo que a mí me parece es que se debió haber pedido a la Secretaría de Minería, a la DIPGAM, a los organismos que participan, que informen qué controles hay y qué impactos reales ocasionaron en el medio ambiente"
Y añadió: "Yo no quiero hacer juicio de valor; si una empresa incumple corresponde que se la sancione, pero hay que probar esos daños".
Corpacci expresó además que la medida implica "un impacto económico muy fuerte para la Provincia, para la Nación y también para la gente que viene a invertir".