La gobernadora Lucía Corpacci firmó ayer el Acuerdo Federal Minero en un acto desarrollado en Casa Rosada junto al presidente Mauricio Macri y mandatarios de otras provincias.
El acuerdo dará otro marco normativo a la actividad para potenciar su desarrollo y atraer nuevas inversiones.
El documento fue presentado durante un acto del que participaron también el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el secretario de Minería, Daniel Meilán.
El presidente Mauricio Macri destacó que el consenso alcanzado con las provincias pone en marcha "la gran oportunidad de desarrollar” este recurso con políticas sustentables de cuidado ambiental y de generar más de 125 mil puestos de trabajo.
Macri subrayó que el acuerdo está inspirado en una concepción de país "completamente federal, que es lo que queremos todos, una Argentina justa, desarrollada en cada región y que no expulse a su gente de las provincias por falta de actividades productivas”.
Tras la firma del acuerdo, la Gobernadora realizó declaraciones a la prensa. "Lo importante de esta firma es que nosotros sentimos que el Gobierno respalda la actividad minera. Creo que el acuerdo nos beneficia a todas las provincias. El tema es dar una imagen en la decisión de consolidar la actividad minera para las provincias que somos mineras. El respaldo del Gobierno nacional es importante, es una señal para los que quieren venir a invertir en el país y no es que se cambien las condiciones para los que ya están en la actividad", afirmó.
LOS PUNTOS DEL ACUERDO
El Acuerdo fue discutido por los estados provinciales y la Nación durante el último año en el seno del Consejo Federal (COFEMIN), que preside el secretario de Minería, Rodolfo Micone, para ser suscripto por el presidente Mauricio Macri y los gobernadores en Casa de Gobierno, con excepción de Chubut, La Pampa (que no admiten la explotación de recursos minerales en sus territorios) y La Rioja.
Establece criterios generales en lo que respecta a las regalías que pagan las industrias extractivas, fijándose éstas en un techo de 3% sobre el valor bruto (de venta) del mineral en boca de mina.
Además, destina el 1,5% adicional a la integración de un Fondo Provincial de Infraestructura para financiar obras de control ambiental y de agua.
El tope (o máximo) a pagar por parte de los inversores a las provincias será de 4,5% de lo que facturen. Se convino desactivar otro aporte del 1%, a cargo de las grandes empresas mineras y pensado para financiar obras de desarrollo a nivel local.
El acuerdo deberá ser tratado primero por el Congreso Nacional y luego por las legislaturas provinciales para su aprobación (o rechazo) como totalidad, es decir que no puede ser pasible de modificaciones.
Las concesiones duran mientras haya mineral y se preservarán las condiciones fiscales, por períodos de 30 años, de acuerdo con lo que establece la Ley de Inversiones Mineras.
En caso de producirse tres faltas graves en materia de cumplimiento de pautas ambientales la mina será cerrada y la empresa perderá inmediatamente el derecho a la propiedad del yacimiento en explotación.