El presidente del CD de Huillapima, Roque Moreno (F3P), junto a los concejales del FCS Omar Santucho y Héctor Guanco, aseguraron que no hay ningún embargo en contra de la Municipalidad que conduce Omar Soria (FV) y aseguraron que se trata de una campaña sucia para desprestigiar a los concejales que cumplen sus mandatos. Además, denunciaron que el abogado de la comuna, Carlos Scaltritti, busca asegurarse sus honorarios.
La semana pasada, la Municipalidad denunció al presidente del CD, Moreno, y al secretario Jaime Costa, a quienes consideraron responsables por un supuesto embargo que se trabó a la comuna en $305.000, en el marco de una demanda iniciada por Luis Brizuela, un empleado que fuera cesanteado del Concejo en diciembre de 2015.
En este sentido, Moreno y Costa aseguraron que el empleado fue reincorporado luego de que la Justicia lo determinara en diciembre pasado y que presta servicio en el área en la que pidió hacerlo.
"Nada de lo que denuncian se comprobó. Ni siquiera existe el embargo que denuncia Scaltritti, sino que se trata de una intimación que tramitó el Juzgado Civil Nº2. La denuncia es política y se trata de chicanas a pocos días de que se presenten candidatos para las elecciones", dijo el abogado de los concejales, Fernando Contreras, y comentó que el empleado que inició la demanda, por Brizuela, es hijo del concejal mandato cumplido Miguel Ángel Brizuela, quien tras ocho años de gestión por el FCS se convirtió en 2015 en el director de Obras Públicas de la comuna.
"En diciembre de 2015 se dio de baja a dos empleados porque no cumplían el requisito de la antigüedad para pasar a planta. En ese momento, los ex empleados inician la demanda y en enero de 2016 el intendente giró una nota al CD explicando que la Municipalidad iba a retener el dinero de estas dos personas, para evitarle un eventual daño a la comuna. Con esto, no debería haber razón para que embarguen a la Municipalidad porque el dinero debería estar. Aunque no le correspondía, Soria se tomó la atribución de abrir cuentas a nombre de estos empleados y depositar allí el dinero, o al menos eso indicó por nota", explicaron los concejales en diálogo con El Ancasti.
Según indicaron, durante los 13 meses en los que Brizuela y otro empleado estuvieron cesanteados, la comuna no envió el dinero al CD, sino que lo retuvo. Por este motivo, en la última sesión del CD aprobaron por mayoría simple una pedido de informes al Banco de la Nación, para conocer si estas cuentas existen. Si así no fuera, indicaron que convocarán al intendente para dar explicaciones.
Además, cuestionaron la demanda del empleado Brizuela, ya que la demanda se inició contra la Municipalidad cuando debería haberla iniciado en contra del Concejo Deliberante. "En todo caso, se debió hacer un embargo al CD", dijeron.
Contra Scaltritti
Por otra parte, cuestionaron las actuaciones del abogado de la Municipalidad, Carlos Scaltritti, pues aseguran que contrató los servicios de otra abogada, "generando gastos innecesarios".
"El asesor de la Municipalidad debe representar a la comuna y no contratar a alguien para que haga su trabajo. Habla de un embargo de más de $305.000 con costas que podrían llevar el daño al municipio a casi $400.000; sin embargo a los empleados les tendrían que pagar mucho menos que eso, y el resto está en honorarios para Scaltritti", dispararon.
Según explicaron, el letrado debió defender a la Municipalidad y plantear la irregularidad de la demanda (que en lugar de ser contra la comuna, tendría que haber sido contra el CD), pero dejó vencer los plazos.
