Los cuestionamientos a la actuación del fiscal de Estado, Carlos Bertorello, en el proceso judicial que involucra a la empresa NORUZI SA se montan sobre la omisión deliberada del elemento medular de la saga: el funcionario terminó con un litigio que tendría ruinosas consecuencias para el Estado provincial.
Tal desenlace no era de ningún modo incierto, sino totalmente seguro, puesto que todas las instancias judiciales habían resultado adversas a las pretensiones de quienes utilizaron la representación del Estado para defender sus propias apetencias.
La conducta de Bertorello, que tuvo expresa autorización de la gobernadora, Lucía Corpacci, a través del decreto 585/14, marcó un quiebre respecto de la que sistemáticamente ejercieron sus antecesores en el cargo. Lejos de intentar reparaciones o defender los intereses de la administración pública, estos profesionales del derecho embretaron al Estado en una sucesión de desvaríos jurídicos que no incluyeron la elemental previsión de evitar que la firma NORUZI se insolventara, situación que se dio muchos años después de que el señor Silvestre Zitelli dejara de formar parte de ella.
Las motivaciones de quienes antecedieron a Bertorello se esconden bajo sobreactuadas declamaciones de principios. Podrían ser odios o intereses económicos particulares, o una combinación de ambos, pero no escapará al criterio de cualquiera que de buena fe evalúe lo acontecido que a la fecha, transcurrido un cuarto de siglo de mentiras y difamaciones, los únicos acreedores de NORUZI son abogados que intervinieron en nombre del Estado en distintos tramos del proceso. No hay otro tipo de acreedores y las acreencias que se reclaman son los hipotéticos honorarios que les corresponderían por un juicio que ellos mismos dirigieron al fracaso.
Como la extensión de quiebra que plantearon a destiempo y sin asidero fue rechazada y es cosa juzgada, intentan cobrar con una no menos desatinada extensión de responsabilidad.
Lo que buscan es que el Estado siga bancándoles la angurria, pues no se cuenta entre sus costumbres la de arriesgar el propio patrimonio en sus aventuras. Lo que los enfurece es que Bertorello se niegue a satisfacerlos.
El fiscal de Estado explicó con lujo de detalles la posición de su Gobierno, primero ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados e inmediatamente después ante el pleno de la Cámara de Senadores. Solo dos diputadas deslizaron objeciones, menos sustentadas en la racionalidad jurídica que en confusiones devenidas de tocar de oído. Ningún senador disintió con los argumentos del funcionario, que por el contrario se retiró del recinto aplaudido por oficialistas y opositores.
La conducta coincidente de los actores institucionales es sensata. Son muy pocos los dispuestos a meterse en un asunto cuyos mezquinos móviles han quedado al descubierto.
"La Obra del Siglo”, trama ficcional que originó el escandalete, consistió en una obra de cloacas por la que la empresa NORUZI SA solo percibió un anticipo financiero, que destinó a trabajos concretos y adquisición y acopio de material. Luego el contrato se malogró y por tanto la obra no continuó, de modo que no hubo certificaciones ni pagos posteriores. Lo que NORUZI cobró, lo invirtió. Las siderales cifras que barajan difamadores consuetudinarios en nada se ajustan a la realidad, pero son las que convienen a sus intereses, pues en base a ellas se ajustarían honorarios.
Zitelli no forma parte de NORUZI desde hace casi 24 años. Cuando dejó de integrarla, esta empresa tenía activos millonarios. Curiosamente, a los letrados que ahora recurren a imaginativas figuras no se les ocurrió en aquel momento interponer planteo alguno para impedir que los propietarios de NORUZI, entre los que ya no estaba Zitelli, dispusieran de tales activos.
Es claro por qué: hace 25 años, todavía no eran acreedores, categoría a la que recién accedieron cuando acumularon honorarios en el marco de una sucesión de causas en las que Zitelli no fue convocado jamás ni como parte ni como testigo.
Como a los que confundieron la representación del Estado con una patente de corso les interesaba menos el patrimonio público que sus prosperidades personales, dedicaron sus esfuerzos a sumarle capítulos a un guión endeble. Con cada capítulo, a lo largo de 25 años, incrementaron expectativas en torno a lo que pretendían embolsar en el futuro.
El fiscal de Estado Bertorello ha puesto fin a las ensoñaciones de estos sujetos.
El 14 de mayo de 2014, la gobernadora Corpacci firmó el decreto 585, por el cual autorizó a Fiscalía de Estado a "desistir” de la causa NORUZI, en los términos de los artículos pertinentes de la Constitución de la Provincia y del Código Procesal Civil y Comercial de Catamarca.
La Gobernadora tomó la decisión en base a un informe técnico sobre el estado de la causa fechado el 9 de diciembre de 2013, "a los fines de evitar un nuevo resultado adverso e imposición de costas al Estado provincial”.
La gestión de Bertorello, como se ve, sintonizó con la prudencia de la mandataria para poner el patrimonio del Estado a resguardo de acechanzas ilegítimas.
