La Cámara de Apelaciones resolvió declarar la nulidad del pedido de sobreseimiento para el empresario Esteban Palacios, responsable de la firma CM Sudamericana, quien vendió los aerogeneradores que se instalaron en el Cerro Ancasti.
En febrero, el titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Marcelo Sago, solicitó el sobreseimiento total y definitivo para Esteban Palacios. El juez de Control de Garantías otorgó la medida. La Fiscalía de Estado, que había iniciado la denuncia en 2012, apeló la resolución por entender que la empresa está involucrada en el fraude al Estado.
Ayer la Cámara de Apelaciones, integrada por Raúl Da Prá, Juan Pablo Morales y Edgardo Álvarez, por unanimidad, resolvió declarar la nulidad del dictamen del fiscal por el que se requirió el sobreseimiento total y definitivo y también para el autointerlocutorio del juez de Control de Garantías, Ramón Porfirio Acuña. Al declararse la nulidad quedó sin materia la apelación que había iniciado Fiscalía de Estado.
Además, la Cámara exhortó al Ministerio Público Fiscal que dado el tiempo transcurrido se resuelva la causa en un plazo de 45 días.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 14 de junio. Pero trascendió que los magistrados consideraron que no se debería resolver la situación particular de uno solo de los imputados sino de todos los involucrados. El empresario había sido imputado como coautor del delito de defraudación en calidad de las cosas entregadas en perjuicio de la administración pública.
La denuncia fue iniciada en 2012 por Fiscalía de Estado en contra del ex ministro de Obras y Servicios Públicos Juan Acuña, el ex subsecretario de Servicios Públicos Rafael Assante, el ex director de Infraestructura Energética Rodolfo Tomassi, la inspectora de la obra Carola Ramos y el presidente de CM Sudamericana SA por la supuesta comisión de los delitos de "malversación de caudales públicos, peculado, fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y omisión de denuncia”.
La defensa de Esteban Palacios había solicitado el sobreseimiento total y definitivo al argumentar que por las verificaciones técnicas se pudo comprobar que los aerogeneradores fueron conectados a la red de energía, que funcionaron y que aportaron al suministro energético al menos hasta que fueron abandonados.
En marzo de este año, el Tribunal de Cuentas ordenó a Acuña; Assante; Tomassi y a la ingeniera e inspectora de obra Carola Julieta Ramos Caro devolver en forma solidaria $2.880.000 por la causa de los aerogeneradores.
Con posterioridad, los imputados pidieron el sobreseimiento en la Fiscalía, pero la causa no podía avanzar hasta que se resuelva el planteo en la Cámara de Apelaciones.
