El femicidio de Cecilia Olima en la localidad belicha de Londres desató el debate entre el FCS y el FV sobre las políticas de seguridad. Comenzó por el pedido de Rubén Manzi (FCS) de que un proyecto de su autoría se tratara sobre tablas, pero el FV lo negó. La presidenta del bloque del oficialismo, Cecilia Guerrero, acusó a la oposición de recurrir a la "necropolítica".
El diputado Manzi solicitó que se tratara sobre tablas un proyecto mediante el cual solicitaba a la Secretaría de Seguridad que provea de un móvil a la localidad de Londres, en Belén. Al mismo tiempo, pidió que la Cámara se pronuncie mediante una declaración sobre el caso que motorizó el proyecto, el de Cecilia Olima, que fue brutalmente asesinada el domingo pasado.
Desde el FV se negaron a la propuesta de Manzi, sostuvieron que el debate debía darse "desprovisto de vedettismo parlamentario" y que el proyecto nada tenía que ver con el caso de femicidio. Incluso se propuso que la comisión de Legislación General emita un despacho unánime para la próxima semana. El diputado Augusto Barros dijo que "el proyecto (que era de resolución) no puede convertirse en uno de declaración" y que la Cámara "no debería permitir este tipo de aquelarres".
En sintonía, la diputada Guerrero planteó que también debería discutirse el tipo de medida preventiva que pesaba sobre el principal acusado del crimen y por qué no se logró su cumplimiento.
Además, Guerrero advirtió que el oficialismo no iba a permitir la utilización política de este hecho luctuoso. "Aunque hay quienes durante muchos años hicieron de la necropolítica una cuestión de Estado, no estamos de acuerdo con esa utilización", disparó ante el murmullo de la oposición.
"Mal se pueden cumplir estas medidas de prevención si la policía no cuenta con un medio de movilidad", dijo Manzi en defensa de su solicitud, que sin embargo no prosperó al no contar con los dos tercios de los votos.
El diputado Víctor Luna (FCS) cuestionó a Barros y le recordó que, "cuando fue secretario parlamentario, en esta Cámara se dieron los mayores aquelarres".
Escuela Nº15 de Tinogasta
El cierre de los ocho cursos en este establecimiento también fue eje de debate. Allí, la diputada Juana Fernández (FCS) planteó que solo el 60% de los docentes que pierden sus horas serían reubicados, expresó su solidaridad con ellos y dijo que esto implicaría mayor desocupación. "En contra de la generación de políticas educativas, el Gobierno quiere cerrar escuelas", disparó.
De inmediato los legisladores oficialistas respondieron a Fernández. Fue el caso de Selva Segura, Augusto Barros y Sergio Saracho, quienes aseguraron que ningún docente quedaría desempleado, que 45 de ellos ya habían sido reubicados y que el resto aún tenía horas en otros establecimientos. Ayer fue la asamblea (ver página 13).
