Con el inicio del proceso, Hernández se convertirá en la primera persona que estuvo al frente de un municipio que enfrentará un juicio acusada por delitos de corrupción. Detrás de ella, hay otros jefes comunales que tienen una investigación en su contra y en algún momento deberán responder ante la Justicia por hechos similares.
El juicio contra la intendenta se desarrollará en ámbitos de la Cámara penal N°3, que está conformada por Marcelo Soria, Patricia Olmi y Jorge Palacios. La Fiscalía estará a cargo de Rubén Carrizo. Según se conoció, en el juicio declararán cerca de 30 testigos.
Hernández está acusada de contratar de forma irregular un camión Mercedes Benz, por el cual se pagaba $19.800 el mes e incluía el pago de combustible. Esta contratación se llevó a cabo durante 12 meses.
Aparte de este hecho, la última parte de la gestión de Hernández se caracterizó por fuertes denuncias en su contra que acarrearon una crisis institucional sin precedentes en el municipio. En ese sentido, la ex intendenta estuvo detenida en pleno mandato, pero fue liberada antes de tener que entregar el poder. En esa oportunidad y por un tiempo, el municipio se encontró en una situación de acefalía porque los concejales no querían hacerse cargo de la comuna. De hecho, se analizó hasta intervenir el municipio.
Idas y vueltas
La ex intendenta llega a juicio luego de varias ideas y vueltas donde se vio involucrada hasta la propia Corte de Justicia. Es que la defensa de Hernández, cuando ya se había decidido avanzar con el juicio, presentó un recurso de casación ante el máximo tribunal que finalmente fue rechazado.
El juicio contra la jefa comunal había sido programado para marzo del año pasado también en ámbitos de la Cámara Nº3. Hernández había solicitado una probation y evitar el inicio del juicio oral, ofreciendo hacer entrega de $1.500 y efectuar tareas comunitarias.
La propuesta fue rechazada por el Tribunal compuesto por los jueces Olmi, Palacios y Soria. El argumento de la decisión era que el delito por el que se acusa a Hernández prevé una pena superior a los 3 años de prisión. Es decir, por arriba de lo permitido para aceptar lo que se conoce como juicio a prueba.
La defensa se opuso a la determinación de la Cámara y presentó el recurso de casación, lo que ocasionó que el comienzo del juicio sea postergado.
Cuando la Corte rechazó el planteo de Hernández, la causa volvió a la Cámara que fijo el inicio del juicio para hoy.
