El escrito enviado ayer por el Ministerio de Obras Públicas para intentar justificar el destino de los millones de pesos que la Provincia recibió de parte del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, lejos de aclarar, oscurece la ya de por si opaca trama que rodea al tema de las obras que debían hacerse para mitigar los efectos de los inundaciones.
Obras que, en el caso del dragado, reencauce y edificación de terraplén y defensas en el río Santa Cruz, para las cuales fueron asignados más de 6 millones de pesos, bien pueden caracterizarse de "fantasmas”, pues nadie, salvo los responsables de elaborar la misiva, parecen haberlas visto.
Probablemente las autoridades de Obras Públicas consideren que los catamarqueños carecen de la más mínima capacidad de raciocinio. Sólo de esa manera puede entenderse que pretenda hacer creer que se ejecutaron obras de las que no hay en terreno ni siquiera vestigios físicos de su realización.
Sería muy oportuno, dada la imposibilidad de detectar las obras de mención y la estrecha relación del ministro de obras públicas de la provincia con el inefable José López, el ex secretario de Obras Públicas del gobierno anterior procesado por enriquecimiento ilícito, impulsar una investigación para determinar si el dinero que recibió la provincia para las obras fantasmas no fue pagado a empresas igualmente fantasmas.
Del mismo modo, resulta un absurdo la aclaración respecto de que los fondos recibidos por la provincia no provienen del Estado Nacional sino que resultan de un empréstito. Que los recursos provengan de un crédito o sean un subsidio no modifica en nada el interrogante central: ¿dónde fueron a parar esos fondos destinados a obras que no se ven?
Lo que ahora falta, además de las obras y el dinero, es esa certeza.
