Finalmente, la causa conocida como el "Megafraude de Desarrollo Social” se debatirá en juicio oral y público a partir del 16 de agosto. Ésa es la resolución de la Cámara Penal Nº 1 a casi 13 años del escándalo de corrupción que sacudió al gobierno de Eduardo Brizuela del Moral a 10 meses de su primera gestión (2003-2007) cuando en octubre de 2004 diario El Ancasti dio a conocer una investigación que dejó al descubierto una triangulación entre Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda y dos fundaciones que cobraron alrededor de $5 millones por el supuesto dictado de cursos de capacitación.
El tribunal de la Cámara Penal Nº 1 está integrado por los jueces Fernando Esteban, Roberto Dionisio Mazzucco y Carlos Roselló. Aunque Mazzucco se encuentra de licencia, por lo que actualmente es subrogado por Fabricio Gershani Quesada.
El fiscal de Cámara, Jorge Silva Molina, contará con el acompañamiento de su par, Ezequiel Walther, quien intervendrá como co-ayudante, ya que participó en la investigación de la causa.
La causa se compone con 10 mil fojas distribuidas en 47 cuerpos y se prevé que el debate se prolongue por varios meses a partir de que son 10 imputados, y la gran cantidad de testigos que desfilarán por las audiencias.
Trascendió que el juicio se llevaría a cabo en el salón Libertador General San Martín de la Corte de Justicia, ya que cuenta con mayor capacidad que la sala de la Cámara Penal Nº 1.
Complicados
Entre los imputados se encuentran el ex secretario de Desarrollo Social Pablo Córdoba Molas, por 24 hechos en concurso real en calidad de autor; 17 hechos de falsificación de material de instrumento público en concurso real en calidad de autor. También está el ex director de Políticas Juveniles Ariel Regina, acusado por 24 hechos en calidad de partícipe necesario; el presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante, por 13 hechos en concurso real en calidad de autor; y el titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, por 11 hechos en concurso real en calidad de autor.
La imputación alcanza también a una ex empleada de Desarrollo Social (24 hechos) en calidad de partícipe secundaria.
Además, están implicados algunos ex funcionarios que se desempeñaban en el Ministerio de Hacienda y que habrían colaborado en la trama para favorecer los pagos: María Cristina Barros de Voget por 24 hechos en concurso real en calidad de partícipe secundaria; Guillermo Alberto López por 24 hechos como partícipe secundario; Liliana del Valle Jalil de Barrera, por 24 hechos como partícipe secundaria; Susana Beatriz de la Colina por 24 hechos como partícipe secundaria y el ex contador de la Provincia Juan Andrés Barrios por 24 hechos como partícipe secundario.
Maniobra
A través de subsidios, a nombre de presuntos participantes en las actividades, el área de Desarrollo Social liquidaba importantes sumas convenidas por el dictado de los cursos.
