El fiscal Jorge Silva Molina, fiscal de la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación y el fiscal coadyuvante Ezequiel Walther rechazaron el pedido de sobreseimiento que había realizado el abogado Víctor García, quien defiende al empresario Carlos Arriazu en la causa conocida como "Megafraude". Piden que la Cámara rechace el planteo y se arbitren los medios necesarios para fijar nueva fecha de debate. La opinión de los fiscales fue elevada el miércoles pasado al presidente de la Cámara Penal, Fernando Esteban. Ahora deberá resolver la Cámara.
El pasado 11 de diciembre, García solicitó el sobreseimiento definitivo de su cliente por insubsistencia de la acción penal. En su presentación, el letrado había planteado las demoras para realizar el debate y luego el juzgamiento y determinación de responsabilidades de los hechos que ocurrieron hace 11 años. El planteo apuntaba a la prescripción de la causa.
La presentación se realizó un día antes de la fecha que se había previsto para iniciar el juicio oral por la causa que se inició en octubre de 2004 a partir de una investigación publicada por El Ancasti respecto de capacitaciones "truchas" dictadas por el Ministerio de Desarrollo Social.
Los fiscales argumentan que la figura de la insubsistencia de la acción penal carece de sustento legal en la legislación, ya que “no aparece consagrada en la legislación nacional como causa de extinción de la acción penal ni tampoco es una causal de prescripción”, señalan y advierten que la insubsistencia de la acción penal no tiene vinculación con la prescripción “a pesar de que inadecuadamente sean enlazadas por el incidentista”.
En la fundamentación se hace referencia a que se trata de una investigación compleja, lo que se debe tener en cuenta cuando se hace referencia a los plazos que llevó todo el proceso. En este sentido menciona las dificultades lógicas de la investigación por los delitos que se tratan, la actividad procesal desarrollada y las incidencias producidas, “las que guardan relación con esa pluralidad fáctica y con la participación plural, que en grado de probabilidad fuera establecida por la cantidad de prueba que se tuvo que producir y tramitar en esta capital provincial así como también en departamentos del interior (Andalgalá, Belén, Santa María Tinogasta) y en otras provincias donde también se ofició (Salta, San Luis) por la cantidad de prueba documental agregada”.
Más adelante se refieren también a la actuación de los imputados y sus defensas que buscaron prolongar los tiempos. "Fue prolífera y abundante la actividad de los distintos letrados que participaron de las defensas puesto que se advierte que a lo largo del transcurso investigativo han efectuado un uso dilatado de todos los resortes legales disponibles en cada instancia, realizando planteamientos de los más variados y de toda índole en reiteradas y sucesivas oportunidades: oposiciones, incidentes, nulidades, apelaciones, quejas, recusaciones con causa, inhibiciones, casaciones y hasta recursos extraordinarios, de lo que ineludiblemente se deriva que existió una prolífera y variada actividad defensiva", manifiestan.
En abril de 2016 la causa llegó a la Cámara Penal Nº1 para fijar fecha de juicio. Un año después, en abril de este año, luego de recoger nuevas pruebas, la causa se eleva a juicio para el 16 de agosto. Sin embargo, un día antes los abogados Víctor García e Iván Sarquís, defensores de tres de los imputados, plantearon una serie de nulidades y el inicio del juicio se suspendió. Los planteos fueron desestimados por la Cámara, y los abogados recurrieron a la Corte de Justicia en una instancia de queja que no tuvo lugar, y la propia Corte solicitó que se fije nueva fecha y se inicie el juicio. Así fue como se fijó la fecha para hoy.
En la causa hay diez imputados desde 2014 por el juez de Control de Garantías, José Antonio Carma, quien los acusó de fraude a la administración pública. Están implicados el ex secretario de Desarrollo Social Pablo Córdoba Molas (41 hechos en calidad de autor); el presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante (13 hechos), Nancy Madueño ( 24 hechos) Carlos Arriazu (11 hechos); y los ex funcionarios del Ministerio de Hacienda en calidad de partícipes secundarios: María Cristina Barros de Voget, Guillermo Alberto López, Liliana del Valle Jalil de Barrera, Susana Beatriz de la Colina, y el ex contador de la Provincia Juan Andrés Barrios, todos por 24 hechos.
