La jubilada docente catamarqueña Lindamira Monasterio Sánchez, que desde hace varios años lidera el reclamo por el pago del 82% móvil, presentó una denuncia penal en contra del director de ANSES, Emilio Basavilbaso, y los funcionarios del área que correspondan, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en concurso real.
En la presentación, Monasterio acredita que ANSES recepcionó el oficio en junio de 2015 por el que se ordena que se dicte el acto administrativo de liquidación de sentencia. La jubilada había iniciado la demanda judicial en 2004 y obtuvo fallo favorable,tras un largo recorrido del expediente.
El objeto del oficio era que el organismo nacional cumpliera con la sentencia. “Han transcurrido dos años desde la recepción de la orden judicial y habiendo transcurrido con exceso el plazo prudente para esperar, vengo a formular la denuncia penal por el abuso incurrido y por el incumplimiento de una sentencia judicial”.
La denuncia se realizó días atrás ante el fiscal federal Santos Reynoso. Posteriormente, Monasterio Sánchez ingresó otra presentación en la fiscalía por la que insta a Reynoso a que se arbitren los medios necesarios a fin de que se investiguen los hechos denunciados. Es que son varios los jubilados que esperan por el pago de los reclamos por movilidad. "Muchos tienen sentencia firme y se murieron esperando", graficó Monasterio.
"Si desde el propio Estado se incumplen las normas, en el caso de una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, estamos ciertamente frente a un Estado negador de derechos", señala en la presentación.
"La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con instrumentos jurídicos para obligar e incluso castigar el incumplimiento y desobediencia de sus decisiones. Es más, desde la Justicia se tiene la facultad y el deber de hacer cumplir sus sentencias, dada su condición de tercer poder del Estado", agrega.
La jubilada docente llegó a este diario acompañada por María Jesús Romero y Julia Isabel Herrera que atraviesan por la misma situación y confían en que el caso de Monasterio siente precedente para la liquidación de haberes adeudados.