La Corte de Justicia no hizo lugar a la queja que habían planteado los abogados que defienden a los imputados en la causa del megafraude en Desarrollo Social justo cuando iba a comenzar el juicio oral. De esta manera, el planteo fue rechazado y se confirmó la resolución que había tomado la Cámara Penal Nº 1. El expediente volvió ayer a la Cámara que deberá fijar nueva fecha para el juicio oral y público.
No se descarta algún nuevo tropiezo en la causa que hace 13 años espera para ser juzgada por la altura del año, próxima a la feria judicial. Si el juicio comienza, no podría interrumpirse por la feria judicial. Otra cuestión es la integración de la Cámara Penal Nº 1 a partir de la renuncia del juez Roberto Mazzucco, lo que implica que la Corte deberá designar un nuevo magistrado “en comisión”, aunque también podría continuar el mismo tribunal que ya está integrado, según explicaron fuentes judiciales.
Para el 16 de agosto, la Cámara Penal N°1 tenía previsto iniciar el juicio oral y público por la causa conocida como el “megafraude en Desarrollo Social”, pero por presentaciones realizadas a último momento por la defensa de tres de los imputados el proceso se paralizó.
A fines de agosto, la Cámara Penal Nº1 ya había rechazado los planteos de nulidad presentados por los abogados de tres de los imputados en la causa.
Sin embargo, la defensa de las partes apeló la medida a través de una casación y pasó para que lo resuelva la Corte de Justicia. Por unanimidad, la Corte consideró que no hay sentencia firme y por lo tanto rechazó el planteo.
Los planteos de nulidad fueron realizados por los abogados Víctor García e Iván Sarquís. García representa a la ex empleada de Desarrollo Social Nancy Madueño y al titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, mientras que Sarquís defendía al ex director de Políticas Juveniles Ariel Regina.
Una de la objeciones fue para solicitar la nulidad de las pruebas presentadas ante el tribunal mientras que la otra pide la nulidad de la requisitoria fiscal. Los planteos fueron analizadas por la Cámara que está conformada por su presidente, Fernando Esteban, y los jueces Jorge Álvarez Morales (integrante de la Cámara Penal Nº 2, en reemplazo de Carlos Roselló, que ya intervino en la causa como juez en la Cámara de Apelaciones) y Fabricio Gershani , juez de Menores en reemplazo de Roberto Dionisio Mazzucco, quien se encontraba de licencia pero luego formalizó la renuncia.
El "Megafraude" se puso en evidencia a partir de una investigación de El Ancasti. En aquel momento, el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral pidió la renuncia de dos dirigentes históricos del Movimiento Renovador: Pablo Córdoba Molas y Ariel Regina.
LA CAUSA
-El megafraude de Desarrollo Social” fue el escándalo de corrupción que explotó a 10 meses del inicio del primer gobierno de Eduardo Brizuela del Moral. En octubre de 2004, El Ancasti dio a conocer una investigación que dejó al descubierto una triangulación entre Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda y dos fundaciones que cobraron alrededor de $5 millones por el supuesto dictado de cursos de capacitación.
-Entre los imputados se encuentran el ex secretario de Desarrollo Social Pablo Córdoba Molas. También está el ex director de Políticas Juveniles Ariel Regina; el presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante, el titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, y la ex empleada de Desarrollo Social Nancy Madueño.
-Además, están implicados algunos ex funcionarios que se desempeñaban en el Ministerio de Hacienda y que habrían colaborado en la trama para favorecer los pagos.