A fines de agosto, el Poder Judicial de Catamarca remitió al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) el presupuesto 2018 por $1.462.395.053. Representan $431 millones más que los aprobados, finalmente, para el año en curso.
El presupuesto original de la Justicia, que se había elevado al PEP el 11 de noviembre de 2016 por $1.125.537.347 recibió una poda cercana a los $100 millones, con lo que la partida aprobada por el Poder Legislativo para 2017 fue de $1.031.333.137.
La merma de los recursos generó una fuerte disputa entre el Poder Judicial y el Gobierno provincial, la cual se extendió por varios meses y hasta sobrevoló la posibilidad de judicialización del diferendo.
Desde el Gobierno, dijeron en su defensa que los judiciales habían enviado el presupuesto muy cerca del plazo de presentación ante la Legislatura provincial, y que el recorte surgía de sus estimaciones para el nuevo ejercicio.
Los ministros de la Corte de Justicia dijeron que estaban dispuestos a negociar, con lo que aceptaban como máximo una reducción de $50 millones.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no consideró la nueva proposición de la Justicia y avanzó con el proyecto modificado por $1.031 millones.
El achique de los fondos impactó en el funcionamiento del Poder Judicial, que no habilitó Juzgados y Fiscalías creadas por ley, y atravesó un fuerte conflicto salarial encabezado por los trabajadores judiciales que, en principio, solo iban a tener un incremento del 10% en el año. Aunque luego se reabrieron las negociaciones con el Gobierno para que otro 10% de aumento estuviera respaldado por Hacienda de la Provincia cuando se agotara el presupuesto original para 2017 de la Justicia.
Es así que el Gobierno provincial está oxigenando al Poder Judicial para evitar que estalle un conflicto que solo quedó suspendido de manera momentánea.
Conversaciones con Hacienda
Según trascendió, están abiertas las conversaciones entre el ministro de Hacienda, Ricardo Aredes, y los magistrados del máximo tribunal de Justicia de Catamarca, quienes este año no estarían dispuestos a caer nuevamente en aprietos económicos. Es decir, podrían cumplir con la amenaza de iniciar un reclamo judicial contra la Provincia si modifican "arbitrariamente" el presupuesto 2018, remitido hace casi dos meses al PEP.
Están dispuestos a sentarse a negociar para que, cualquier cambio que pudiera surgir en la afinación de los números, salga de un consenso entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Por ahora, Aredes no habría informado respecto de la introducción de cambios, aunque se espera que el diálogo fluya después de las elecciones.
La Corte también prevé iniciar una serie de conversaciones con el Poder Legislativo.