Uno de los casos más resonantes del año que pasó fue la trama de corrupción en la gestión anterior de la Secretaría de la Vivienda (FV). Fue por la existencia de empresas proveedoras del organismo en la que estaban asociados funcionarios. En esta causa se imputó a la ex directora de Administración Silvia Alejandra Quinteros por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La secretaria de Quinteros, Jacqueline Figueroa, era su socia en las firmas comerciales RAF SRL y Las Kumpas, y era a su vez amiga de la funcionaria. La madre de Figueroa, Margarita Cisneros, era la socia gerente de RAF, quien supuestamente vendía distintos elementos a la Vivienda ya que era una de las responsables del corralón San Fernando. El hermano de Figueroa, responsable legal del corralón, también fue imputado, junto a su madre y su hermana, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública de manera continuada.
La diputada Paola Bazán (FCS) sumó nuevos elementos a esta causa al denunciar que se pagó con cheques de la firma RAF a los jugadores del Club Unión Aconquija.
También por irregularidades en la Secretaría de la Vivienda se imputó a María Karina Alanís Denett, quien ya aparecía vinculada al circuito de la falsificación de cheques, por el delito de fraude en perjuicio a la administración pública con falsificación de instrumento público. Esta causa se inició por las soluciones habitacionales que debía construir para la Vivienda y no se ejecutaron, aunque la empresa cobró los adelantos financieros. En esta causa también fue imputado Luis Raúl Ortiz en calidad de partícipe necesario.
En la actualidad Alanís Denett tiene prisión domiciliaria ordenada por el juzgado de Control de Garantías N°1. El fiscal Marcelo Sago pidió ya la audiencia para la prisión preventiva.
