A través de un comunicado de prensa, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) aseguró que la carta documento por la que el titular de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, lo intimó el 12 de agosto a rendir cuentas para poder avanzar en los procedimientos de redeterminación de precios es "extemporánea", porque las rendiciones se cumplen "rigurosamente".
El organismo que conduce Dante López Rodríguez menciona específicamente solicitudes de reconocimiento de redeterminación de precios sobre 400 viviendas y el segundo puente de la Ciudad Satélite que presentó el 20 de julio pasado, conforme al nuevo sistema de cálculos e índices de aplicación establecidos.
No obstante, la intimación de Amaya es concreta y reinstala las dudas por manejos poco claros e ineficiencia administrativa en el IPV, que quedó bajo sospecha luego de que El Ancasti informara, hace ya cuatro años, sobre los indicios de "cartelización" entre empresas de la Cámara de la Construcción en una megalicitación de viviendas.
La componenda quedó en evidencia al constatarse que el resultado de las 39 licitaciones en que se había dividido un procedimiento por más de 200 millones de pesos para construir casas en diferentes puntos de la Provincia coincidía casi en su totalidad con el reparto establecido en una lista que circulaba antes de que se presentaran las ofertas.
Las presunciones de un acuerdo para repartirse el negocio se fortalecieron al advertir que no había habido competencia real en ninguna de las licitaciones, ya que se había presentado solo una oferta en cada una.
De las 39 licitaciones, 27 salieron adjudicadas tal como figuraba en la lista previa (ver gráfico). De siete que estaban sin asignar en la lista previa, cinco se adjudicaron y dos fueron declaradas desiertas. Hubo solo 4 variaciones entre los adjudicatarios previos y los definitivos: apenas un 12% entre las obras preasignadas.
