8 de junio de 2016 - 15:51
En diálogo con Radio Ancasti, el diputado Luis Lobo Vergara (FCyS) apuntó contra el presidente de la EC SAPEM, Raúl Barot, quien anticipó que 35.000 familias perderán la tarifa social debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Catamarca.
"El fallo lo que hace es hacer funcionar las instituciones y lejos de querer sembrar zozobra lo que tienen que hacer los funcionarios de la Provincia es reconocer los errores, asumir la responsabilidad y garantizar la prestación del servicio”, retrucó el legislador.
"El fallo de la Corte declara de manera contundente la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Servicios Públicos y del ENRE (…) En el fallo se analiza las inconsistencias y los desvíos que cometieron el Ejecutivo y el ENRE en cuanto al proceso de fijación de las tarifas. Nosotros desde el primer momento dijimos que se debía llamar a audiencia pública, lo que pasa es que la empresa no quiere mostrar los números”, explicó e insistió: "Es una barbaridad porque quieren cubrir sus culpas invocando las necesidades de las personas más vulnerables”.
Sobre la crítica al fallo de la Corte del Subsecretario de Energía de la Nación, Lobo Vergara dijo: "La situación en Catamarca es absolutamente distintas que en otros lugares. El Frente Cívico planteó el amparo por incumplimientos a las normas constitucionales y a la Ley de Energía de la provincia porque se estaba realizando un procedimiento que era absolutamente ilegal y que atenta contra la propiedad privada de los catamarqueños”.
"El fallo habla sobre el respeto del orden constitucional, el Estado no puede atropellar a las instituciones, el Ministro de Servicios públicos, el ENRE y la empresa de energía se tienen que someter a las reglas que reglamentan el funcionamiento. La cuestión nacional es otro tema”, aclaró.
"Hay que entender que los funcionarios no están por encima de la ley sino que tienen que cumplirlas. La estrategia de querer desviar las responsabilidades invocando la necesidad de las personas más vulnerables que acceden a la tarifa social es de una irresponsabilidad absoluta”, reiteró.
Con respecto a la disidencia del juez Cipitelli, el legislador aclaró: "Está en contra del amparo, de la vía pero no del reclamo. Lo que plantea es que la vía del amparo no es la vía correcta, que debería ir por la vía ordinaria. No estoy de acuerdo porque un proceso ordinario significaría un juicio de dos o tres años”.
Por último, agregó: "El fallo habla de la inconstitucionalidad de haber dictado una norma reglamentaria con efecto retroactivo, que es lo que planteamos., porque afecta derechos patrimoniales de los usuarios”.