La corte, considera que el cuadro establecido por el Ministerio de Servicio Públicos vulnera el derecho a la propiedad, ya que el incremento se produce de manera "retroactiva con motivo de restablecer el equilibrio económico de la empresa distribuidora”.
Por este motivo, el fallo cuestiona la transparencia del proceso mediante el cual se estableció el nuevo cuadro tarifario, ya que al no realizarse la audiencia pública establecida en diferentes normativas, se evitó la participación de la ciudadanía en los actos de gobierno y se vulneró el derecho a la información pública.
En este sentido, consideró el procedimiento como "no idóneo” y sostuvo que la "tarifa es falsa y arbitraria, ya que no se realizó un análisis de la estructura de los costos del servicio eléctrico”. Además, de afirmar que los criterios implementados por la Secretaría de Energía de la Nación. Motivo por el cual, se solicita que se regularice la situación en un corto plazo.
El fallo establece además que "han quebrado las formas del debido proceso legal administrativo al no respetar el mandato contenido en el artículo 42 de la Carta Magna Nacional y en el artículo 178 inciso 2 de la Constitución Provincial, omitiendo la convocatoria a audiencia pública, prevista para la fijación tarifaria en los artículos 42 y 43 de la ley provincial de Energía”.