Bajo el compás del Frente para la Victoria, la oposición política en el Senado de la Nación se dio con el gusto la semana pasada de asestarle la primera derrota parlamentaria a Mauricio Macri desde que llegó a la Rosada, al aprobar el controvertido proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional y suspende por 180 días los despidos en los ámbitos público nacional y privado.
Además, la iniciativa reconoce para los despedidos la posibilidad de apelar al recurso sumarísimo de restitución en su puesto de trabajo o, en su defecto, el cobro de doble indemnización. Las cámaras empresarias habían expresado su rechazo al proyecto antes del debate, y lo ratificaron aún con más fuerza después de la media sanción. Y Macri adelantó que si la Cámara de Diputados lo convierte en ley, se verá en la obligación de vetarla, con todo el costo político que ello supone.
Entre los discursos opositores que se escucharon en la Cámara alta abundaron las declamaciones rimbombantes. Por caso, sostuvieron que se trata de un proyecto "serio y responsable”, que su objetivo fundamental es "cuidar el trabajo como una cuestión de orden público” y que también pretende "garantizar la paz social”.
Pero en los hechos, la llamada Ley antidespidos no es otra cosa que una demostración de fuerza opositora frente a las medidas que juzgan "impopulares” del gobierno de Macri. En particular, la "limpieza” que empezó a hacer en el Estado nacional de miles de empleados heredados del kirchnerismo, muchos de los cuales no tenían función asignada y otros tantos que fueron designados a las apuradas en los días de la despedida de Cristina Kirchner.
Al kirchnerismo, que esta vez contó con aliados circunstanciales que no quisieron quedar pegados a Cambiemos ni se atrevieron a rebelarse a la presión de la corporación sindical, lo tiene sin cuidado lo que sucede en el campo de la economía real.
En efecto, en tiempos de crisis, las empresas hacen lo que pueden para sobrevivir. Frente a la caída del consumo, la alta inflación y el golpe tarifario, algunas se ven forzadas a suspender personal porque la actividad es baja y otras directamente deben reducir personal. Es lo que sucede en cualquier lugar del mundo en un contexto adverso. El desempleo es consecuencia de la crisis económica.
Claro que no todas las empresas tienen el mismo margen de maniobra. Las extranjeras o las grandes empresas nacionales si deben despedir trabajadores porque los números no cierran, lo hacen sin miramientos. Incluso si deben pagar una doble indemnización. No es una variable a considerar.
En cambio, las pequeñas y medianas empresas se debaten entre reducir empleados o bajar las persianas. No les queda otra alternativa. Y por supuesto la mayoría no está en condiciones de hacer frente al pago de una indemnización doble.
Por lo tanto, la Ley antidespidos perjudica más a las PYMES que a las multinacionales o las grandes empresas argentinas. En la práctica, las condena a su desaparición.
Esa es la gran paradoja de la ley opositora: castiga con mayor dureza a las empresas que tienen el menor margen de supervivencia en la crisis. Y, por otra parte, desalienta las inversiones, tanto las extranjeras como nacionales. Si algún capital se preparaba para desarrollar un proyecto de inversión en este tiempo, los legisladores acaban de espantarlo.
La ficción opositora
El pecado original de la movida política del kirchnerismo y sus socios en el Congreso es suponer que la economía de un país, o al menos la dicotomía empleo-desempleo, se puede manejar por ley. Ninguna crisis se supera desde una banca. Ese es el engaño que la oposición intenta vender a los argentinos, con un discurso que alude a los derechos de los trabajadores y sus reivindicaciones históricas.
Lo peor es que ninguno de los 48 senadores que aprobaron el proyecto cree que esta sea la panacea del momento que vive el país. Saben perfectamente que se trata de un juego político, una puesta en escena populista y ficticia. Y que actúan, además, bajo la extorsión de los sindicalistas que solo les preocupa que no flaqueen sus cajas.
La realidad es que ninguna empresa que ha elegido cuidadosamente a sus trabajadores, ha invertido en capacitarlos y los asume como su principal herramienta de trabajo, desea despedir por puro deporte. El recurso humano es el mayor capital que tiene cualquier emprendimiento para desarrollar su actividad.
Los patrones no disfrutan al dejar gente en la calle, no les hace gracia pagar indemnizaciones, no aumentan sus ingresos simplemente porque reducen sus plantas de personal. Salvo situaciones puntuales en el seno de sus empresas, en la mayor parte de los casos los ajustes son forzosos porque representan la única forma de no desaparecer.
No hay ingenuidad ni desconocimiento de los legisladores de esta realidad. Lo que hay es una deliberada actitud opositora ante el Gobierno nacional y, sobre todas las cosas, una demagogia típica del populismo que se resiste a cambiar su receta.
Entre esos demagogos hubo un representante de Catamarca que votó a favor de la Ley antidespidos, en sintonía con el kirchnerismo a ultranza que profesa.
Algo es seguro. Esta ley no resuelve ningún problema de desempleo en el país, ni menos aún garantiza el empleo. A lo sumo, dilata medidas que más temprano que tarde deberán tomar las empresas para seguir en pie.
