El viernes último el abogado y usuario, Hugo Ramírez, presentó una impugnación a la convocatoria para la audiencia pública por el aumento de la luz. Sostiene en su argumentación que no se cumplió con el plazo que requieren los usuarios para presentarse en defensa de sus intereses. Ahora deberá responder el ENRE.
La convocatoria a la audiencia apareció publicada el 22 de noviembre. Sin embargo, Ramírez sostiene que el llamado recién entra en vigencia ocho días corridos desde la fecha de su publicación, es decir, el 5 de diciembre.
La fecha de vigencia citada surge de lo dispuesto por el artículo 5° del Código Civil y Comercial que reza "Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen".
Ramírez toma como referencia la ley de Energía provincial según el cual la audiencia deberá tener lugar transcurridos un período de 30 días de publicidad. Agrega que dicho plazo de 30 días debe computarse contando días hábiles.
Por lo tanto, concluye que el cómputo del plazo para llevar adelante la audiencia no puede comenzar antes de la vigencia de la resolución impugnada, esto es el día 5 de diciembre de 2016.
Siguiendo el criterio del impugnante, la fecha para llevar a cabo la audiencia pública sería el lunes 16 de enero de 2017 (primer día hábil posterior al vencimiento del plazo de 30 días hábiles).
En igual sentido, sostiene que si la entrada en vigencia sería el lunes 5 de diciembre, no puede tomarse como fecha de inicio de la etapa preparatoria el día 21 de noviembre de 2016, cuando ni siquiera había entrado en vigencia. De acuerdo con la resolución vigente, la etapa preparatoria finalizó el viernes pasado a las 13 y con la inscripción de pocos usuarios.
"Es por demás exiguo el plazo otorgado a los usuarios del servicio para analizar una cuestión técnicamente compleja cuando el propio organismo regulador se tomó para igual tarea varios meses. Viola los principios de racionalidad y razonabilidad del actuar público y el derecho de los usuarios a una participación eficaz a la hora de discutir las tarifas de los servicios públicos y a la defensa efectiva de sus intereses económicos", indica en los fundamentos.
En base a esto, Ramírez solicitó que "en forma urgente, y en un plazo máximo de 48 horas, revoquen la resolución En.Re. n° 111/16, y dicten un nuevo acto reglamentario".
El vocal del ENRE, Augusto César Acuña, había explicado que esta audiencia será de tipo extraordinaria en la que solo se pondrá a consideración el incremento del Valor del Distribución (VAD). En este sentido aclaró que la revisión tarifaria integral se realizará más adelante y es la que tiene validez para los próximos cinco años. Según explicó, en esta audiencia se tomará como referencia indicadores tales como el incremento de los insumos y el índice de precios al consumidor, entre otros.