El juez de Paz de Antofagasta de la Sierra intimó al intendente Julio Taritolay a que en un plazo de cinco días reincorpore a los 42 empleados municipales que fueron dados de baja apenas asumió al frente del municipio.
El funcionario judicial hizo valer la orden de la propia Corte de Justicia que le exige al jefe comunal a reintegrar a los trabajadores y pagarles el sueldo de los meses que estuvieron fuera del municipio.
De esta forma, la semana que viene los empleados deberían volver a sus puestos de trabajo. En ese sentido, para hacer cumplir la decisión del máximo tribunal, se facultó al funcionario judicial a "hacer uso de todas las facultades de ley, inclusive hacer uso de la fuerza pública y allanar en caso necesario".
La notificación se realizó ayer, cuando un grupo de los trabajadores dados de baja se presentó en las oficinas del juez de Paz con la resolución de la Corte de Justicia.
En diálogo con El Ancasti, el representante de los empleados dados de baja, Cirilo Quipildor, aseveró estar conforme con la decisión tomada por la Corte de Justicia y por la actitud del juez de Paz, que "inmediatamente notificó al intendente de que debe reincorporarnos".
Además, se mostró confiado en que en esta oportunidad "el intendente cumpla con lo que dijo la Corte".
Los 42 empleados fueron contratados durante la gestión de Carlos Fabián (FV) en la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, pero cuando asumió Taritolay no fueron reconocidos como empleados y el intendente les dio de baja.
Los trabajadores realizaron una presentación en la Corte de Justicia que a principios de septiembre les dio la razón y obligó al municipio a reincorporarlos y pagarles los meses que estuvieron dados de baja.
En ese sentido, se estima que en base a un sueldo mínimo de $5.000 por agente, el municipio debería destinar $2.310.000 solo para pagar los haberes adeudados por una decisión política.
Sin embargo, y pesar de que la Corte emitió un fallo, el intendente desconoció la resolución y no incorporó a los trabajadores.
El máximo Tribunal de Justicia ratificó su fallo y solicitó al juez de Paz de la Municipalidad que haga cumplir su decisión.
La situación de los empleados era desesperante, teniendo en cuenta que muchos de ellos no pudieron encontrar otra fuente laboral y debieron pedir ayuda a familiares y amigos.
