En 2006 se promulgó la Ley de Financiamiento Educativo (Ley N° 26.075) que establecía que el Gobierno nacional, los gobiernos Provinciales y la Ciudad de Buenos Aires debían incrementar progresivamente la inversión en educación, ciencia y tecnología entre los años 2006-2010, hasta llegar a este último con una participación del gasto educativo sobre el PIB del 6%.
A los fines de cumplimentar con el objetivo, se dispuso que el Gobierno Nacional es responsable en un 40% del esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la meta, mientras que a los gobiernos provinciales y la C.A.B.A. les corresponde el 60% restante. La ley dispuso una asignación específica de recursos a ser destinados en educación que provienen de la coparticipación federal de impuestos.
Finalizado, el año 2010, período hasta el cual regía la ley de Financiamiento Educativo, y habiendo sido reconducido el presupuesto Nacional de ese año para el año 2011, no se mantuvo vigente la ley N° 26.075.
Pero, en 2012, reaparece la vigencia de la Ley a través del artículo 73 de la ley de Presupuesto Nacional. A partir del año 2013, se mantiene la vigencia de la ley de financiamiento educativo pero con el agregado de que se aseguraba el reparto automático de los recursos a los municipios para cubrir gastos ligados a la finalidad educación. Ese fue el texto que se mantuvo hasta este año en el que se modificó el reparto automático por coparticipación automática.