La Justicia volvió a cargar contra el intendente de Paclín, Orlando Savio (FCS), en el marco de la causa que tiene contra Sabina Díaz, la empleada municipal que no pudo ejercer su mandato como concejal. Esta vez, el juez de Control de Garantías nº1, Héctor Rodolfo Maidana, le rechazó el pedido de incompetencia que había planteado contra el fiscal Marcelo Sago, quien seguirá a cargo de la investigación.
Maidana consideró que la presentación del funcionario fue "extemporánea e improcedente", y aseguró que se trata de una maniobra dilatoria y "carente de sustento", por cuanto la investigación de Sago lleva al menos dos años y no había sido cuestionada en su inicio.
Savio solicitó el apartamiento del fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública a fines de septiembre, cuando consideró que la denunciante, Sabina Díaz, "no es la Administración Pública ni la representa, y, por lo tanto, no hay perjuicio o daño alguno a la Administración Municipal". El intendente está defendido por el abogado José Germán Moreno, quien en su momento apuntó que Díaz "en ningún momento fue concejal, porque no tiene ningún título ni certificado que lo acredite" y destacó que no existe daño al erario municipal puesto que "el dinero correspondiente a los sueldos de ese cargo de concejal están disponibles en la comuna".
Semanas después, a mediados de octubre, la Corte de Justicia la Provincia resolvió efectuar "un severo llamado de atención al apoderado del municipio, José Germán Moreno", solicitándole que "guarde apego a las normas" por estos mismos planteos.
El intendente está imputado por retención indebida de haberes e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por una disputa iniciada en 2013 con Sabina Díaz, cuando el entonces presidente del CD de Paclín, Ángel Barrionuevo, convocó y tomó juramento a Díaz para ocupar el cargo de concejal que había quedado vacante.
En aquel momento, Díaz "asumió" porque el CD reconoció su título como concejal, pero en ningún momento fue reconocida por Savio, quien consideró que no tenía el título de concejal, y que ese lugar correspondía a otra persona. Por este motivo, desde marzo de 2014 Díaz no percibió sus haberes y, según la comuna, el dinero quedó "congelado".
Díaz concluyó su mandato como concejal en diciembre de 2015 y quiso retomar la actividad como empleada del municipio, cargo que dejó con una licencia por mayor jerarquía. Sin embargo, Savio entendió que hubo abandono de servicio y la exoneró, por lo que se jubiló sin sus últimos años de aportes.
En julio de este año, Díaz obtuvo una sentencia favorable de la Corte, que ordenó al intendente que haga efectivo el pago de haberes adeudados a la concejal; sin embargo la Municipalidad pidió una reconsideración, por lo que el conflicto aún no cesa.
