El control provincial para evitar la usura sigue sin ser efectivo

23 de noviembre de 2016 - 04:00 Por Redacción El Ancasti
Hace cuatro años, la Provincia creaba el Comité Ejecutivo para la erradicación de la usura, pero hasta la fecha dicho organismo sigue sin funcionar. 

El comité fue creado por decreto en abril de 2012 y estaba integrado por profesionales y funcionarios de las carteras de Gobierno, Producción, Desarrollo Social y Hacienda, Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno.

El decreto estableció como techo para el costo financiero total de cualquier préstamo personal un 7% por encima de la tasa informada por el Banco de la Nación; superado ese límite, el interés sería considerado usurario y daría lugar a las sanciones correspondientes. Sin embargo y de acuerdo al relevamiento que realizó este diario, los intereses que ofrecen las casas de crédito son más elevados de lo que establece el decreto.

También prohíbe los descuentos por planillas, pero algunas casas siguen ofreciendo esta opción.
El comité funcionó hasta mediados de 2014 con reuniones periódicas donde se analizaban las denuncias contra las casas de crédito. En ese sentido, durante ese año se registraron cerca de 800 denuncias.

Actualmente quien recibe las denuncias contra estas casas es la Dirección de Defensa del Consumidor. 

Ordenanza municipal

Por otra parte, la Municipalidad de la Capital viene realizando controles en las casas de créditos con relación al cumplimiento de las ordenanzas que regulan esta actividad.

En ese sentido, desde la Dirección de Inspección General se notificó a los propietarios de entidades financieras sobre la normativa que deben cumplir para evitar clausuras o sanciones municipales.

Tal como lo estipula la ordenanza 5299/11 del municipio capitalino, las entidades financieras deben presentar en sus vidrieras o con carteles perfectamente legibles las tasas de interés que poseen los créditos que ofrecen.

Por su parte, la ordenanza denominada "Protección contra la Usura", que es complementaria a la ordenanza 5299/11 establece que quienes no cumplan con las disposiciones de la norma serán pasibles de las sanciones económicas que van desde las cuarenta hasta las cuatrocientas unidades de multa.
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