La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el pedido de informes sobre las más de 150 propiedades que figurarían a nombre del Ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, o de las empresas "Finca la Aguadita SA” y "Altos de Tinogasta SA”, de las que forma parte como socio.
El proyecto de resolución, al contar con el voto afirmativo de todos los diputados que integran la comisión, no baja para su debate al recinto legislativo y pasa directamente al Poder Ejecutivo Provincial (PEP). Se estima que al finalizar esta semana el pedido de informes ya estará en Casa de Gobierno.
La iniciativa, promovida por la mayoría de los diputados que conforman el bloque FCS-Cambiemos, requiere al PEP que, por intermedio del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos y de la Administración de Catastro de la Provincia, informe sobre las propiedades del ministro Dusso desde diciembre de 2011 a la fecha.
Se trata de inmuebles descriptos en tres planillas anexas con sus correspondientes números de matrícula catastral que están situados en Capital, Tinogasta, Santa Rosa, Ambato y Fray Mamerto Esquiú.
Solicitaron que Rentas de la Provincia informe si el ministro Dusso presenta deuda relativa al impuesto Inmobiliario y en su caso identifique las propiedades correspondientes y montos adeudados.
Sociedades
También piden informes sobre la cantidad de inmuebles pertenecientes a las sociedades "Finca la Aguadita SA” y "Altos de Tinogasta SA”.
En el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitan información a la Administración General de Rentas de la Provincia y al Registro Público de Comercio para conocer más sobre la constitución de las sociedades de las que formaría parte el ministro Dusso.
"La definición de propiedad inmueble, conforme el ordenamiento civil, conlleva ínsita la noción de publicidad como requisito constitutivo. Por tal motivo se entiende en forma unánime que los asientos registrales de inmuebles son públicos. Por ende, en el presente caso se descarta que pudiéramos estar en presencia de información restringida o sensible”, sostuvieron los legisladores en el pedido de informes.
Consignaron además que del análisis de la información que se peticiona "podría desprenderse la comisión de delitos contra Administración Pública”.
