Este miércoles, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Ética Pública. La iniciativa, de autoría de la diputada Paola Bazán (FCS-Cambiemos), propone, entre otras cosas, la prohibición de que los funcionarios de todos los poderes del Estado nombren familiares directos en cargos de la Provincia.
El proyecto ya cuenta con despacho de la Comisión de Legislación General y tiene tratamiento preferencial para esta semana.
La iniciativa establece en su articulado un conjunto de "deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñen en la Función Pública, en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado".
Más adelante, y entre las pautas que deben cumplir los alcanzados por esta norma, se encuentra: desempeñarse respetando los principios éticos de honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad; no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización de un acto inherente a sus funciones; proteger la propiedad del Estado y solo emplear sus bienes con los fines autorizados; abstenerse de utilizar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o de sus familiares; abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales.
El proyecto también establece que si no se cumplen con las pautas impuestas, los funcionarios, magistrados o empleados serán sancionados y que su renuncia al cargo no detiene el proceso iniciado en su contra.
Por último, el proyecto obliga al gobernador, vice, diputados, senadores, ministros y miembros del Poder Judicial a presentar una declaración jurada al momento de asumir y a renovarla en forma anual.