La causa que investiga las compras directas durante la gestión como subsecretario de Acción Social de Víctor Brandán se inició en 2004, a partir de una denuncia penal interpuesta por el ex diputado Fidel Sáenz, a partir de una investigación de El Ancasti.
En la presentación se relata que en los 9 meses que estuvo al frente del organismo, Brandán ejecutó compras directas por 27 millones de pesos. En ese período se adquirieron elementos para asistencia social y hasta juegos didácticos. Más del 73% de estas contrataciones fueron selladas con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales se había constituido poco antes de empezarle a vender al Estado, única actividad que desarrollaban. Además, un 34% de las compras se habían resuelto en los últimos 35 días de Brandán como subsecretario, antes de que asumiera como diputado provincial en diciembre de 2003.
Las maniobras se montaron al amparo del decreto acuerdo 1.544 firmado en el 2000 que, con el justificativo de la crisis social, se elevó el límite autorizado para las compras en Acción Social y eximió al área de cumplir con los requisitos de la ley de Administración Financiera tendientes a impedir desdoblamientos de contrataciones que pudieran utilizarse para eludir los montos máximos dividiendo una transacción única en varias operaciones menores.
En el marco de la investigación, en 2005, la mayoría del FCS en la Cámara de Diputados rechazó un pedido de desafuero en contra de Brandán planteado por el juez de Garantías Jorge Palacios. Brandán dejó la Cámara baja y se quedó sin inmunidad parlamentaria en diciembre de 2009.