Después de 12 años, la causa de las compras directas en la ex Subsecretaría de Acción Social irá a juicio oral. Así lo confirmó la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, luego de que rechazara el último pedido de prescripción realizado por la defensa de uno de los involucrados.
Por unanimidad, los integrantes del tribunal, Raúl Da Prá, Edgardo Álvarez y Juan Pablo Morales, tomaron la decisión y sus argumentos se conocerán recién la semana que viene. Pero en el fallo, no solo se rechazan los planteos de los abogados de los acusados. Además , se solicita a la Fiscalía que investigue a los proveedores que estuvieron involucrados en las compras que se realizaron durante la gestión de Víctor Brandán.
La causa que investiga las compras realizadas por la entonces Subsecretaría de Acción Social, tiene como imputados a quien era el subsecretario, Víctor Brandán; al ex ministro de Salud Pablo Santiago Doro; al ex encargado de depósitos Omar Guillermo Martínez; a la ex directora de Servicios Administrativos, Teresa del Carmen Miñaura de Siarez; y a la ex encargada del Servicio de Contaduría, Carlina Argentina Zurita.
Con la elevación a juicio confirmada, los cinco imputados deberán responder por fraude en perjuicio de la administración pública por administración infiel, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.
El juicio ya había sido solicitado en dos oportunidades por el fiscal de Instrucción Nº 4 (ex fiscal de Delitos Criminales), Ezequiel Walther, en el marco de la causa por las compras directas que fueron denunciadas en 2004 por el ex diputado Fidel Sáenz, a partir de una investigación de El Ancasti.
El supuesto fraude al Estado sería por un monto superior a los $27 millones que se utilizaron para la compra de artículos de primera necesidad, alimentos, elementos de asistencia social y hasta juegos didácticos en 2003, al final de la gestión de Brandán, que luego asumiría como diputado provincial.
En junio de 2012 el fiscal Walther elevó la causa a juicio por primera vez y el juez de Control de Garantías Nº 3, Porfirio Acuña, la confirmó en abril de 2013. Por errores administrativos, se debieron tomar nuevas indagatorias y la causa se elevó a juicio por segunda vez en octubre de 2014. En septiembre de 2014 y ante el fiscal, Brandán volvió a negar las acusaciones en su contra y justificó las compras por la situación de crisis social que se vivía en ese momento.A mediados de junio, el juez de Control de Garantías, José Antonio Carma, confirmó la elevación a juicio, pero la defensa de los acusados apelaron la medida y la decisión final fue a la Cámara de Apelaciones.
En la audiencia, tanto el abogado de Doro, Luis Segura, como el de Brandán, Pedro Vélez, plantearon que las compras habían sido realizadas por áreas inferiores y que sus defendidos solo se limitaban a firmar. La Cámara no hizo lugar a los planteos.
Los abogados de las otras partes no se hicieron presentes en la audiencia.
PROVEEDORES
Aparte de elevar a juicio la causa, la Cámara solicitó a la Fiscalía que investigue la posible participación en los hechos que se denuncian de los proveedores que intervinieron en las compras directas.