A días de cumplirse dos años y dos meses desde el anuncio de la reforma de la Constitución provincial, los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo y aseguran que el próximo miércoles 30 aprobarán el proyecto, aunque seguramente con modificaciones, lo que implicará el retorno al Senado. Con lo acotado de los plazos legislativos, plantean una prolongación del período de sesiones ordinarias durante diciembre. Además, en la sesión, dieron media sanción a la creación del Consejo del Salario de las Fuerzas de Seguridad, a la paridad de género en los cargos electivos y al análisis psicofísico a funcionarios de todos los poderes.
Acuerdo tácito en Diputados para tratar la reforma en dos semanas
Luego de una reunión de la que participaron todos los presidentes de los bloques (FCS, FV, F3P y Participación Plural), el presidente de la Cámara, Marcelo Rivera, y otros diputados, se acordó que el próximo lunes se tratará el proyecto de reforma constitucional en la comisión de Asuntos Constitucionales, y que la iniciativa bajará al recinto con modificaciones el 30 de noviembre. Este lunes es el último hábil del mes (el 28 es feriado) y los tiempos legislativos quedaron muy acotados, por lo que se harán gestiones para prolongar las sesiones ordinarias: la medida debe ser consensuada con la Cámara de Senadores.
Además, desde el FV hubo un compromiso de dialogar con los senadores del sector para que una vez que el proyecto regrese al Senado pueda convertirse en ley. Es que entienden que las modificaciones que puedan darse "no marcan grandes diferencias".
El acuerdo fue de palabra entre los legisladores, ya que en el recinto no se planteó ninguna moción de preferencia para que el proyecto sea tratado el próximo 30.
Consejo del Salario
Con el respaldo de todos los bloques, obtuvo media sanción la creación del Consejo del Salario de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia. El proyecto es autoría del diputado Eduardo Pastoriza (Postura Peronista), con la colaboración de un grupo de policías retirados. Se trata de una especie de comisión conformada por once integrantes, que mediará con el Poder Ejecutivo en cuestiones que hagan a las mejoras salariales y de las condiciones de trabajo de la Policía.
El Consejo dependerá de la Secretaría de Seguridad o el organismo que en el futuro la reemplace, y estará presidido por quien sea el Jefe de Policía, y el Jefe del Servicio Penitenciario será el vicepresidente. Los otros nueve integrantes deberán ser oficiales y suboficiales, tanto en actividad como en retiro, que serán elegidos por los propios policías mediante sufragio que no podrá coincidir con un año de elecciones a nivel provincial. Estos integrantes permanecerán en sus cargos por cuatro años.
Además, el proyecto prevé sanciones para quienes reclamen estas cuestiones por cualquier otra vía que no sea el Consejo. Así, el agente que manifieste como ocurriera en la revuelta de 2013, será objeto de un sumario administrativo, exoneración o desvinculación de la fuerza a la que pertenezca.
"El Consejo actuará como espacio de representación, tramitación y asesoramiento no vinculante", establece el proyecto.
La iniciativa sufrió modificaciones desde que ingresó a la Legislatura. El diputado del FV Augusto Barros planteó como necesarias las sanciones disciplinarias para evitar episodios como los de 2013, en los que recordó que fue la Policía la que sitió la Casa de Gobierno.Por su parte, la presidenta del bloque del FCS, Marita Colombo, destacó que "siempre se habla de los derechos humanos de la ciudadanía e incluso de los delincuentes, pero nunca de los de la Policía" y remarcó que el Estado "debe dotar las herramientas para que la Policía sea la fuerza capacitada que la gente requiere".
Examen psicofisiológico
Por otra parte, se aprobó la media sanción a la obligatoriedad de un examen de actitud psicofisiológica para el cumplimiento de la función pública, y de un certificado que acredite que el funcionario no consume ningún tipo de droga ilegal. Los proyectos se trataron en conjunto, y son autoría de Marcelo Rivera (F3P) y José Luis Martínez (Participación Plural).
"Quienes tienen que luchar contra estos flagelos no deben estar contaminados", remarcó el diputado Carlos Molina (FCS) sobre la iniciativa que abarcará a funcionarios de los tres poderes del Estado. Aquellos a quienes les resulte positivo el examen estarán obligados a someterse a rehabilitación.
Aquí, el debate se extendió por casi dos horas cuando se planteó que la presentación de estos exámenes, entre los que figura una rinoscopia, no soluciona los problemas de fondo del consumo de estupefacientes. Es que incluso el proyecto establecía que el estudio debía permanecer en sobre cerrado en el expediente de cada funcionario, lo que para la presidenta del bloque del FV, Cecilia Guerrero, era una falencia y una "falta de efecto práctico".
Esto intentó ser subsanado en un cuarto intermedio, pero la diferencia se mantuvo y pasó al Senado.
Ley de paridad de género
También obtuvo media sanción el proyecto de ley que propone una modificación de la ley Electoral provincial, con el que se implementará la paridad de género en los cargos electivos. Así, y en caso de que se apruebe en la Cámara de Senadores, las listas futuras deberán estar conformadas por hombres y mujeres por igual, en lugar del cupo femenino del 30% que exige la norma en la actualidad.
"En todos los distritos y a nivel nacional, el cupo femenino se convirtió más que en un mínimo, en un techo del 30%. Esta medida impactará directamente en 28 municipios, pero estamos seguros de que será tenida en cuenta en los otros ocho que cuentan con Carta Orgánica", dijo el diputado Rubén Herrera (FCS), autor de este proyecto, que tenía moción de preferencia y se trató con el quórum estricto sobre el final de una sesión que duró más de seis horas.
La diputada Macarena Herrera (Participación Plural) destacó que la iniciativa es "un acto de responsabilidad con el género", opinión que fue respalda por otras legisladoras. Por su parte, la diputada Silvana Carrizo (FCS) aprovechó para pedir por el tratamiento de otro proyecto similar, presentado por Hugo Navarro (F3P), para la implementación del "cupo joven". "También es necesario tener en cuenta a la juventud, que casi no tiene lugar en esta Cámara. Los jóvenes somos una fuerza irreversible, no dejemos que duerma el sueño de los justos", apuntó.
Conseguida la media sanción, hubo aplausos tanto de los legisladores como de los militantes presentes.
Por otra parte, casi en trámite exprés, se sancionó una ley por la que se declara de interés paisajístico, turístico y cultural de la Provincia el denominado "Cerro de los Siete Colores", en Santa María; y se le dio media sanción a la imposición del nombre "Profesor Luis Alberto Acosta" a la escuela Nº59 de Icaño, La Paz.
Además, se fijó moción de preferencia para el tratamiento de la "Ley de Ética Pública", autoría de Paola Bazán (FCS), para el próximo miércoles 23.
